Guadalajara, Jal., Un total de 445 internos de los cuatro penales estatales ubicados en Puente Grande consiguieron una suspensión provisional contra lapolítica limitada para combatir la pandemia en el recinto, lo que obligaría a la autoridad carcelaria a incrementar la realización de pruebas para detectar Covid-19 entre los aproximadamente 13 mil 500 reos, pero ante la falta de acatamiento, interpusieron una queja de incumplimiento a la suspensión, la cual será desahogada en una audiencia incidental el próximo 19 de mayo.

El acuerdo otorgado por el juez de amparo, que no ha sido cumplido, además de obligar a las autoridades carcelarias jaliscienses a generalizar las pruebas de Covid-19 buscando salvaguardar vida e integridad y derecho a la salud, pide que se implementen medidas de prevención de contagios, identificar a personas vulnerables y extender el beneficio a todos los internos de Puente Grande y no sólo a los representados de la defensoría.

También solicita que, debido a la sobrepoblación en el penal, se realicen procesos de preliberación para reducir el hacinamiento en las celdas, basados en la resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

77 casos confirmados en el centro penitenciario

Hasta la noche del miércoles, el gobierno estatal había notificado 77 casos confirmados de Covid-19 en Puente Grande, lo que representa más de 11 por ciento de los 699 casos reportados en todo Jalisco, aunque abogados y familiares de internos señalan que existe un amplio subregistro ya que sólo se realiza un muestreo aleatorio y la realidad es mucho más grave.

Salvador Leyva, secretario técnico de la Comisión de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto de la Defensoría Pública, en entrevista con La Jornada, declaró que su organización promovió el amparo que las autoridades han incumplido.

Refirió que la demanda fue presentada a raíz de información oficial recabada por la vigilancia que realiza la secretaría técnica a su cargo en todos los centros penitenciarios del país y que, en el caso de las cuatro cárceles estatales de Puente Grande, había recomendaciones previas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco.

También reconoció estar enterado de las denuncias de varios familiares de internos respecto a que han sido obligados a firmar de puño y letra desistimientos al amparo, lo que, sumado con la movilidad propia del complejo penitenciario (libertades, cambios de penal) disminuyó a 413 el número de firmantes.

En los informes efectivamente algunas personas se han desistido (...) La jueza ordenó la ratificación de la demanda porque en un principio todos firmaron, pero luego sabemos que varios se han desistido. Si hay coacción o no, no lo sabemos, pero todos los desistimientos están iguales, tienen la misma redacción, por lo que la jueza dio vista al Ministerio Público para que investigue, manifestó Leyva.

El amparo es sólo para presos de los penales estatales del complejo penitenciario en Puente Grande, comentó Leyva, pero también los internos del Centro Federal de Readaptación Social Número 2, ubicado en esa misma zona, podrían ampararse y que la Defensoría estaría obligada a abogar por los derechos de nuestros representados.

Por otra parte, se confirmó que Guillermo Sierra Guzmán, médico siquiatra adscrito a los juzgados penales en Puente Grande, resultó positivo el 7 de mayo a una prueba de Covid-19 practicada por el laboratorio de la Universidad de Guadalajara, lo que amplió la alarma ahora en los juzgados del centro penitenciario.

Además, en el sindicato del Poder Judicial se informó que un empleado de Puente Grande, quien enfermó y no fue diagnosticado a tiempo, se encuentra hospitalizado en la clínica 110 del IMSS, contagió a su esposa, a uno de sus hijos y a otra de sus hijas, esta última embarazada, quien tuvo que ser sometida a una cesárea con 35 semanas de gestación, aunque el reporte señala que ambos se encuentran estables de salud en la clínica 89, también perteneciente al IMSS.