Las controversias presentadas por el gobierno de Chihuahua y algunos municipios de ese estado y de San Luis Potosí por la reforma al Fondo Minero fueron agendadas para resolverse hoy en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Dichos recursos los promovió inicialmente el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, por los cambios anunciados al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable, el cual se integraba con parte de los impuestos federales cobrados por la explotación de recursos minerales, los que se distribuían luego entre las administraciones estatales y municipales donde operan las empresas dedicadas a esta actividad.

En tanto, el Consejo Maseual Altepetajpianij, el Consejo Tiyat Tlali, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, entre otras organizaciones, pidieron a la SCJN que no avale el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, porque la Ley Minera es un instrumento que posibilita la expedición de títulos de concesión con que se despoja de sus territorios a los pueblos.

Es un paso atrás en la protección de los derechos de los pueblos, en especial si se toma en cuenta el contexto actual, donde 35 por ciento del territorio nacional está concesionado a mineras, señalaron en una misiva.

En el origen, destacan, el Congreso de la Unión debió consultarles dicha ley, así como incluir en su texto mecanismos para respetar y proteger sus derechos fundamentales, como al territorio, el agua y autodeterminación.

Explican que el proyecto de resolución de Laynez, que también se discutirá hoy en la Corte, afirma sin mayor sustento que el contenido de la Ley Minera no se vincula directamente con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados, lo cual invisibiliza las afectaciones que la implementación de la Ley Minera ha ocasionado sobre sus derechos.

Respecto al Fondo Minero, el cambio impugnado se hizo para que esos recursos se entreguen directamente a la gente por medio de programas sociales.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas envió un oficio a los ministros en el que señala que el derecho de las comunidades originarias es innegable en lo relacionado con las concesiones mineras en su territorio. Advierte que no se respeta el derecho a la consulta previa, libre e informada, por lo que pide a la Corte declarar inconstitucionales diversos artículos de dicha ley.