Mérida, Yuc., Organizaciones civiles, colectivos indígenas y residentes de los tres estados de la península de Yucatán interpusieron, el pasado 6 de mayo, una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y solicitaron medidas cautelares por las actividades para ejecutarel proyecto del Tren Maya, sobre todo por la pandemia del Covid-19 que azota al país.

En un comunicado, emitido ayer, las organizaciones de Yucatán, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, AC; de Campeche, Red de Productores de Servicios Ambientales “Ya‘ax Sot’ Ot’ Yook’ol Kaab” AC, y de Quintana Roo, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, argumentaron que el inicio del Tren Maya es un serio riesgo de contagio por Covid-19.

Las agrupaciones, también integradas en la Red de Litigio Estratégico en favor de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán, manifestaron que los trabajos para la construcción de esta infraestructura, entre los que se encuentran diversas licitaciones, encuestas, censos, entrevistas, inspecciones, revisiones, mantenimiento y construcciones de estructuras, que no se clasifican como esenciales –según el mismo gobierno federal– , ponen en peligro la salud, la vida, la integridad y el medio ambiente sano de las personas, sus familias y la población de la región por los riesgos de transmisión del virus.

Por la enfermedad, la Secretaría de Salud ha declarado una emergencia sanitaria desde el 30 de marzo y hasta el próximo 30 de mayo, recomienda el confinamiento de las personas y restringe el movimiento comercial, empresarial y productivo de varios sectores.

Sin embargo, el proyecto en el sureste mexicano no se ha detenido y atenta contra la salud y la vida de millares de personas indígenas y no indígenas en la región.

Las agrupaciones destacaron que la ejecución de esta obra representa un abuso de poder durante la pandemia en detrimento de los derechos humanos de los gobernados.

Concluyeron que las acciones avanzan mientras que la población de toda la nación sufre de las restricciones impuestas de manera fáctica y legal al derecho al acceso a la información y a la justicia por las suspensiones que se han decretado para proteger la salud, vida e integridad personal de los que colaboran en los organismos.