El decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación con el que se ordena que las fuerzas armadas permanezcan en labores de seguridad pública durante cinco años es un intento por disfrazar de legalidad el despliegue de militares y marinos en las calles, señalaron organizaciones civiles, mientras actores políticos indicaron que las leyes de la Guardia Nacional (GN) ya consideraban el apoyo de la milicia al cuerpo civil.

El senador panista Damián Zepeda sentenció que con esta decisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador traiciona su compromiso de campaña de regresar el Ejército a sus cuarteles.

En contrasentido, Germán Martínez, senador de Morena, res-paldó la necesidad de que el nuevo cuerpo de seguridad cuente con el acompañamiento de las fuerzas armadas. “Felicitó que se reconozca que la GN debe apoyarse en el Ejército, como el Insabi debe hacerlo en el IMSS, por su experiencia y capacidad (…) Debemos estar atentos de que el mando sea civil, mientras el Presidente de la República tenga el mando del Ejército, yo estoy tranquilo”.

Miguel Ángel Osorio, coordinador de los senadores del PRI, manifestó que en el artículo 5 transitorio de la Ley de la GN quedó esta-blecida la participación de las fuer-zas armadas en tareas de seguridad pública. Lo que me brinca es que (en el decreto, el Ejecutivo) deja su regulación a los órganos internos de control de la Marina y del Ejército (ésta debe ser) del jefe máximo de las fuerzas armadas.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, manifestó que la Ley de la GN establece esa cooperación. Lo importante es que la actuación de marinos y militares se sujete a la legislación secundaria.

El director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara, afirmó que el decreto es una simulación de la 4T para legalizar la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad el resto del sexenio.

Subrayó que los órganos internos de control no son adecuados para fiscalizar a elementos castrenses y no corresponde al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana buscar a sus pares de la Defensa y la Marina, sino que éstos deben estar bajo una coordinación civil.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez indicó que con el decreto se confirma que la GN existirá cabalmente hasta 2024 y, entre tanto, seguirá avanzando la militarización de la seguridad pública.

Amplía guerra de Calderón

El colectivo #SeguridadSinGuerra indicó que esa decisión normaliza la estrategia bélica emprendida por el ex presidente Felipe Calderón. “Se pone en evidencia que la GN es una etiqueta para disfrazar a las fuerzas armadas de cuerpos civiles (…) Eso, quizás sea el único cambio: el militarismo salió del clóset”.