La llamada ley Bonilla era una verdadera vergüenza que Morena no podía aceptar, afirmó el presidente nacional interino de ese partido, Alfonso Ramírez Cuéllar: Para nosotros era un acto a todas luces reprobable, dijo y saludó la resolución tomada ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que revierte la reforma hecha por el Congreso local de Baja California.

Aseguró que lo mínimo que puede esperar la militancia de Morena es una autocrítica de los legisladores locales de este partido y anunció que promoverá un extrañamiento ante el Comité Ejecutivo Nacional, que él encabeza, sobre la actuación de los diputados bajacalifornianos.

La reforma aprobada por el Congreso local extendía el mandato del gobernador Jaime Bonilla para mantenerse en su cargo por cinco años, en lugar de los dos por los que fue elegido. Insistió que dicho cambio no fue respaldado por la dirigencia nacional de Morena.

Por eso, explicó, el fallo de la Corte es altamente saludable para salvaguardar la constitucionalidad y la democracia en nuestro país, el hecho de que todos los ministros de manera unánime hayan votado por rechazar la reforma a la Constitución que realizó el Congreso del estado de Baja California, haber fallado de una manera distinta hubiera sido una vergüenza nacional.

El diputado con licencia se dijo contento de que se impuso la razón, se respetó la ley y sobre todo cobró vigencia la constitucionalidad y los derechos de los ciudadanos. Tras la resolución de la SCJN, confió en que los diputados locales de Morena que lo respaldaron hagan una autocrítica sobre el atraco constitucional que pretendían hacer.

El dirigente dijo que su partido siempre repudió y rechazó esta reforma a la Constitución Política local. Los diputados siempre actuaron de manera arbitraria, deliberada y creo que lo menos que pueden esperar los militantes y los simpatizantes es una autocrítica de parte de los legisladores locales, es lo menos. Para Morena es inaceptable una conducta de este tipo, e indicó que se mantendrán en un diálogo permanente con el gobernador de esa entidad fronteriza.