En sus intentos por rebasar el límite de su elección por dos años en 2019, Jaime Bonilla Valdez recurrió a diversas maniobras e incluso permitió que una conversación privada con Olga Sánchez Cordero, luego de su toma de protesta, se transmitiera en vivo por Facebook, donde la secretaria de Gobernación consideró legal la reforma a la Constitución Política de Baja California aprobada por la mayoría panista.

Para mí, la norma va a pervivir, dijo la ministra en retiro, en una declaración que ocasionó el regocijo de Bonilla Valdez, quien la escuchaba en el despacho del mandatario, y desató críticas contra la titular de Gobernación.

Empresario y ex diputado federal por el Partido del Trabajo, logró ser senador por Morena y pidió licencia cuando fue designado súper delegado del gobierno federal y obtuvo la candidatura de Morena al gobierno de esa entidad, por encima de un acuerdo previo con el otro aspirante, Jaime Martínez Veloz.

La oposición en Baja California ha identificado que el operador de Bonilla para ampliar el mandato del gobernador en funciones es el priísta Amador Rodríguez Lozano, su secretario general de Gobierno.

En octubre de 2014, para empatar el proceso federal del próximo año con la elección en Baja California, se reformó la Constitución Política estatal para definir que la gubernatura en disputa fuera de sólo dos años.

El 9 de septiembre de 2018 empezó el proceso electoral con esa temporalidad vigente, que no fue impugnada y a partir de la cual Bonilla se registró como candidato.

Ya realizado el proceso en junio, alegó que él se inscribió como candidato para una gubernatura de cinco años, cuando la convocatoria emitida el 5 de enero de 2019 se refería a un gobierno de sólo dos años, del 1º de noviembre al 30 de septiembre de 2021, como ratificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación este lunes. Un mes después del proceso, el Congreso –de mayoría panista– modificó el artículo transitorio para ampliar el periodo de gobierno hasta 2024.

Ante las críticas, el Congreso convocó a una consulta el 13 de octubre de 2019, donde sólo participó 1.89 por ciento del padrón electoral, resultado que no la hacía vinculante.

Aun así, envió la reforma a la Constitución Política estatal al ex gobernador Francisco Kiko Vega, quien la publicó bajo protesta.

Al referirse a las impugnaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar el resultado de la autoridad y si resuelve que son dos años, son dos años. Por encima de la ley nadie.