Nueva York. Bajo la nube de la pandemia, y utilizando la emergencia de salud pública incluso para justificarse, el gobierno de Donald Trump procede con su agenda política de proteger a sus operativos delincuentes y su ofensiva contra migrantes y el medio ambiente.

Cerca de 2 mil ex oficiales del Departamento de Justicia exigieron ayer la renuncia del procurador general, Bill Barr, por su decisión de interferir en el caso de Michael Flynn, ex asesor de Seguridad Nacional de Trump, ordenando el retiro de cargos por los cuales el mismo acusado había confesado su culpabilidad.

En una carta abierta, los ex funcionarios denunciaron la decisión del titular del Departamento de Justicia de actuar por intereses políticos de Trump al solicitar el fin del caso, señalando que tal maniobra es un asalto contra el imperio de ley.

Subrayan que nuestra democracia depende de un Departamento de Justicia que actúa como arbitro independiente de justicia equitativa, y no como un brazo del aparato político de un presidente. ( https://medium.com/@dojalumni/doj-alumni-statement-on-the-events-surrounding-the-sentencing-of-roger-stone-c2cb75ae4937 ).

Jonathan Kravis, otro ex procurador federal, quien renunció hace tres meses por la manipulación política del caso de Roger Stone, integrante del círculo interno de Trump, escribió ayer en el Washington Post que tomó esa decisión después de trabajar 10 años como fiscal federal, porque el Departamento de Justicia abandonó su responsabilidad de hacer justicia en ese caso. Acusó que la semana pasada, al proceder para retirar los cargos contra Flynn, el departamento puso otra vez el clientelismo político delante de su compromiso con el imperio de la ley, lo cual implica una traición al principio de justicia equitativa bajo la ley.

Todo esto es parte de la ofensiva política que promete impunidad para toda figura leal al presidente y ataca a todo funcionario, gobernador, legislador que se haya atrevido a criticar o investigarlo o a sus colaboradores.

Por otro lado, la pandemia sigue siendo utilizada como pretexto para implementar nuevas medidas antimigrantes. Usando viejas leyes de salud pública para impulsar sus objetivos antimigrantes, el gobierno ha logrado implementar desde hace un mes una orden supuestamente temporal para la deportación inmediata de cualquiera que llegue a la frontera sur, incluyendo solicitantes de asilo y menores de edad, sin necesidad de evaluar sus casos; más de 20 mil ya han sido víctimas de una medida que expertos denuncian como una violacion de derechos de inmigrantes, sobre todo para solicitantes de asilo y para menores de edad.

“La orden del gobierno expulsando a refugiados y a niños… no hace nada para proteger la salud pública, ataca a los más vulnerables, pisotea sus derechos y disfraza las deportaciones como parte de la lucha contra el coronavirus para evitar rendir cuentas”, escribieron el profesor de leyes en Stanford Lucas Guttentag y el profesor de políticas de salud en la Universidad de California en Berkeley Stefano Bertozzi en un artículo publicado en el New York Times.

La Casa Blanca está buscando ampliar y hasta volver permanentes estas medidas supuestamente temporales con el pretexto de la pandemia, reportó el Wall Street Journal. De hecho, se está evaluando una nueva orden ejecutiva que podría anular algunas categorías de nuevas visas de trabajo y estudiantiles, todo justificado con la emergencia de salud y las consecuencias económicas de la pandemia.

La Casa Blanca no deja de reiterar sobre el peligro de extranjeros e inmigrantes ahora como amenazas a la salud pública de su país, el más contagiado del mundo, por lo cual sus ciudadanos son los más peligrosos para el resto de la humanidad.

Y mientras la pandemia, que está vinculada a la sistemática destrucción ambiental, según expertos, pone en peligro al planeta entero, el gobierno de Trump continúa desmantelando de manera sistemática las normas y protecciones ecológicas que se han logrado establecer durante años, sobre todo las logradas por el gobierno de Barack Obama (la ofensiva a veces se maneja como una venganza personal del presidente con su antecesor).

No sólo procede a anular todo lo vinculado con el llamado Acuerdo de París sobre cambio climático, sino que está cancelando regulaciones y límites a la contaminación tanto por automóviles como por el sector de hidrocarburos, abrir zonas ecológicas a explotación, frenar iniciativas de combustibles y energía renovable, y hasta debilitando controles para venenos como el mercurio.

“Lo que ha hecho Trump es crear un blitzkrieg contra el medio ambiente”, comentó a The Guardian Douglas Brinkley, historiador de la Universidad Rice, quien se especializa en el tema. No sólo está intentando desmantelar los logros ambientales de Obama, sino regresar el reloj a los tiempos de antes de Richard Nixon... Es muerte por mil heridas.