El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Fernando Franco González Salas, afirmó que la consulta convocada el año pasado para validar la llamada ley Bonilla es ilegal.

Este es otro de los argumentos para invalidar las reformas a la Constitución Política de Baja California que se hicieron para ampliar a cinco años el mandato del actual gobernador, Jaime Bonilla.

Este lunes, el pleno de ministros comenzará a discutir el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Franco, en cuyo apartado séptimo se analiza el proceso legislativo que llevó a la aprobación de dicha ley.

Se menciona ahí la consulta popular efectuada el 13 de octubre de 2019, que fue convocada por diputados locales, y en la cual participaron 45 mil 30 personas que votaron a favor de la reforma.

El ministro Franco González considera que este ejercicio no tiene ningún valor legal: No es un referéndum; no fue realizada conforme a las reglas de la consulta popular previstas en la Ley de Participación Ciudadana de ese estado, en tanto que fue efectuada en año electoral, por lo cual debió llevarse a cabo el día de la jornada de votación sin que sucediera de esa forma; y, además, los propios poderes demandados en sus alegatos reconocieron que ese proceso carece de valor jurídico alguno.

En su propuesta de fallo, el ministro propone invalidar el decreto de reformas a la Constitución Política de Baja California y borrar de cualquier documento oficial la alusión a que el gobierno de Bonilla duraría cinco años: Se declaran inválidas todas las menciones al periodo de 2019 a 2024 para el ejercicio del cargo de gobernador del estado de Baja California, sustentadas en el artículo octavo transitorio de la Constitución Política de esa entidad, contenido en el Decreto 351.

Al declarar inválidas estas reformas, Franco propone que, para evitar un vacío legal, se apliquen el texto anterior de la Constitución Política de Baja California, donde se señala que el gobierno de Bonilla terminará el 31 de octubre de 2021.