l martes pasado, Víctor M. Toledo, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), recalcó en nuestro diario la urgencia de prohibir la utilización de agroquímicos en México. Uno de ellos, el glifosato, que se ha usado por largo tiempo en cultivos como el aguacate. Ahora está prohibida su importación. A ese compuesto químico me referí al censurar al gobierno de Colombia por utilizarlo de nuevo para eliminar las siembras de coca, de las que viven decenas de miles de familias campesinas e indígenas. La hoja de coca tiene múltiples usos tradicionales en las culturas de los Andes: para preparar el té que reduce el soroche o mal de altura; son reconocidas sus propiedades analgésicas, como leve estimulante cuando se masca y reprime el hambre, la sed y el dolor. Por ello, en 2017 el ex presidente de Bolivia Evo Morales legalizó la siembra de dicha planta con fines sociales en una amplia extensión. El disgusto de Estados Unidos fue mayúsculo.

Por falta de espacio, al describir el lunes el fracaso de la guerra contra las drogas ilegales emprendida por Estados Unidos y que respaldan algunos países y la Organización de las Naciones Unidas, no cité otros factores que explican por qué no funciona el modelo vigente para disminuir la producción de cocaína y su consumo por miles de adictos. Uno muy visible en los países productores y consumidores es la complicidad de funcionarios y políticos con la delincuencia. Por ejemplo, Genaro García Luna, poderoso funcionario durante el sexenio de Felipe Calderón y ahora señalado hasta por la ex embajadora de Estados Unidos en México de haber tenido nexos con los narcos.

No es el único: al general Jesús Gutiérrez Rebollo el presidente Ernesto Zedillo le encargó la lucha contra el narcotráfico. Fue encarcelado al comprobarse que, a cambio de sobornos millonarios, protegía al cártel de Juárez. Como con García Luna, Estados Unidos se mostró complacido con la designación de ese general. En el de Miguel de la Madrid, uno de sus colaboradores fue señalado de proteger con tropa el rancho El Búfalo, sembrado con miles de hectáreas de mariguana. En la lista de cómplices también hay ex gobernadores de Tamaulipas, Nayarit, Sinaloa, Quintana Roo, Chihuahua y Veracruz, entre otras entidades. Y algunos funcionarios de alto nivel y políticos.

Otro elemento fundamental en el fracaso de esa guerra es no tocar en su base al sistema financiero utilizado para lavar el dinero del tráfico de drogas. A dicho sistema lo acompañan negocios diversos a fin de legalizar los recursos mal habidos. Esa maquinaria purificadora desciende por toda América Latina hasta la parte más débil y más numerosa: los millones de personas que integran la economía informal y la venta de mercancías que ingresan a los países legalmente. O de contrabando con su parte de productos piratas. Además, las poderosas armas que proceden de Estados Unidos y usan los grupos criminales para imponer su ley y causar miles de muertos.

Mientras se apresa a líderes del narco, pronto remplazados por otros; mientras en Estados Unidos crece el consumo de drogas ilegales y de opiáceos y funcionan las redes que las distribuyen, en México están en la cárcel miles de personas por el delito de portar más de cinco gramos de mariguana para consumo personal. En promedio, a escala internacional, se permiten 28. Dos de cada cinco presos portaban sustancias ilícitas con un valor inferior a 500 pesos. La mayoría son jóvenes. Otros miles son extorsionados por la fuerza pública para no ser consignados.

También es delito cultivarla a mínima escala. La señora Vanesa Cabrera, de 39 años, madre soltera con dos hijos y que vendía ropa usada, está presa desde hace más de año y medio en el penal Neza-Bordo. Su presunto delito: cultivar en una maceta varias plantas de mariguana en el área común donde vivía. Ella lo niega.

Su caso lo dio a conocer La Jornada. Vanesa denunció en el canal 8 de noticias, que le negaron cárcel domiciliaria pese a tener problemas de salud, lo que la expone a contraer el Covid-19 por la insalubridad que existe en ese penal. La denuncia la hizo a través de un teléfono celular. Como represalia, fue maltratada y vejada por las celadoras de la cárcel y recluida en una celda de castigo.

En el sexenio anterior se ­reconoció la necesidad de evitar la detención y criminalización de los consumidores. ¿Qué espera el actual para hacerlo?