n 2018, se logró el triunfo democrático gracias a un partido surgido de las bases populares, a un dirigente excepcional y a un pueblo participativo que pudo superar el fraude oficial y la compra del voto. Hoy, el reto, además de vencer la pandemia, es instaurar un cambio en las estructuras económicas injustas que el pueblo de México ha padecido desde hace largo tiempo.
Los términos del debate están claros, de un lado los que pretenden mantener el sistema capitalista prevaleciente y frente a ellos, quienes se proponen un cambio de fondo, a una mejor distribución de la riqueza, más oportunidades para todos, en especial en materia educativa y más equidad en general.
En México, los críticos de la transformación ya iniciada por el gobierno actual, buscan mantener el sistema tal cual, con el ingrediente venenoso de la corrupción y como proceso social clave, el de la libre competencia y la calificación de todos como triunfadores y perdedores. Para el Estado, proponen que sea tan sólo un espectador de la economía y, a lo más, un árbitro para cuando surgen conflictos.
La propuesta que busca la democracia económica y la justicia social no aspira a una revolución violenta. No se trata de un choque ni del uso de la fuerza, mucho menos de violar la ley. La Constitución vigente reconoce la economía mixta, acepta y alienta los tres sectores de ella: público, privado y social; en su capítulo económico, confiere al Estado el dominio directo de las áreas estratégicas del sistema productivo, le confiere la rectoría en las áreas prioritarias y le faculta para legislar en todo lo demás; nuestro sistema mixto admite la libre competencia atemperada para evitar abusos.
Esta alternativa tiene precedentes históricos; recuerdo algunos ejemplos. En el gobierno de Lázaro Cárdenas, se impulsaron empresas cooperativas en las que los trabajadores fueron dueños de los medios de producción. Cárdenas y su equipo impulsaron cooperativas en la pesca, en los transportes, en la producción de cemento y otras. La experiencia funcionó bien, con altibajos, pero en cuanto llegaron al poder gobernantes con una visión distinta, se frenó el intento, se combatió, se descuidó y al final quedó sólo en un buen precedente.
Las propuestas de economía social también salieron de la Iglesia católica, que impulsó una red de sociedades cooperativas. El artífice de esta experiencia fue el sacerdote Pedro Velázquez, quien desde el secretariado social del Episcopado Mexicano promovió una forma novedosa de ahorro y préstamo mediante las cajas populares
que permitían ahorrar y otorgaban créditos sin fines de lucro, educar en el manejo del dinero, la discusión entre iguales, el principio de una persona un voto y arraigaron la solidaridad entre los participantes.
Fue el padre Pedro Velázquez el encargado de la experiencia social entre 1941 y hasta su muerte en 1968; este peculiar sacerdote se formó en la Universidad Gregoriana de Roma, pero también tomó cursos en la Universidad Obrera y logró alentar cientos de cajas populares, verdadera banca del pueblo, que funcionó con base en la buena fe y en el apoyo mutuo.
Su hermano Manuel, también sacerdote, dio continuidad a la obra y recibió en 2013, de la Cámara de Diputados, la Medalla al Mérito Cooperativo; lamentablemente, a pesar del reconocimiento y de la vigencia de una ley que reconoció la legitimidad de las cajas populares, desde la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria, en pleno neoliberalismo, se les persiguió hasta prácticamente acabar con ellas.
Hay otros muchos precedentes; uno de ellos es el de la Cooperativa Pascual, que compite exitosamente con las refresqueras internacionales. Tampoco hay que olvidar propuestas de la mejor época del PAN. A reserva de, un día de éstos, dedicar un artículo especial a recordarlas, hoy menciono algunas propuestas panistas, promotoras de la economía solidaria y popular. Una ley para establecer el crédito escolar, una reforma al Código Civil para prohibir el anatocismo, que es la capitalización de los réditos o intereses; San Buenaventura calificaba en su tiempo, al anatocismo como el robo so pretexto del contrato
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Otra propuesta panista fue la iniciativa de reforma a la Ley de Pesca para impulsar el cooperativismo entre los pescadores; otra fue la iniciativa para que los trabajadores tuvieran acceso a la propiedad y a la dirección de las empresas, mediante la adquisición de acciones con sus ahorros o con parte de sus gratificaciones de fin de año; me consta que un banco mexicano, antes de la expropiación bancaria, experimentó con este sistema y sus empleados, cuando adquirían acciones del banco en que trabajaban, se sentían más ligados a la empresa, que ya era, aunque fuere en parte mínima, de su propiedad.
Reitero: la batalla de hoy, no hay que olvidarlo, está en el campo de la economía. O se mantiene el sistema anterior, injusto y depredador de la naturaleza, o se dan pasos firmes hacia una economía solidaria.
