ace unos días circulaba en redes sociales un video donde se observaba a un hombre bajar despavorido de su moto y correr a esconderse tras la vegetación. La razón, un elefante avanzaba en total libertad en dirección contraria a la que él viajaba.

Por lo general los animales debían esconderse de la especie humana por temor a ser sacrificados. Hoy vemos maravillados cómo, ante la ausencia de personas, diversos animales se atreven a aventurarse en un territorio que les estaba vedado.

La pandemia ha cambiado nuestro dañino estilo de vida. Hoy estamos confinados y los patrones se revierten. Tenemos que aprender mucho de este cautiverio. Repensarnos como especie depredadora que está acabando con el ambiente y revalorar esta pausa que enseña que es posible revertir los daños generados.

Una acción que, aunque mínima, puede ayudar a evitar la contaminación es el trabajo remoto, pues privilegia un estilo diferente de actividades sin saturar el entorno. Generar procedimientos de trabajo amigables con el ambiente es una de las moralejas del coronavirus.

El trabajo a distancia no es nuevo; sin embargo, se veía como instrumento útil para la iniciativa privada. En muchas empresas este método es funcional.

La otra cara de la moneda podemos hallarla en dos vertientes: por un lado, millones deben salir a la calle en busca del sustento familiar y para ellos el home office es una ficción que el hambre supera. Es el caso de los más pobres, quienes realizan labores informales y carecen de un salario regular y de seguridad social.

Por otro, está el sector público. La burocracia que se ha resistido a sumarse a esta modalidad porque no se entiende el trabajo efectivo sin exceder la jornada laboral tras un escritorio y en muchas ocasiones sin que la productividad mejore por ese hecho.

No obstante, el Covid-19 vino a hurgar en el corazón de las instituciones y el Poder Judicial de la Federación (PJF) respondió. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente adoptó el uso de herramientas digitales para sesionar en línea, un hecho sin precedente.

Tres semanas después, los tribunales colegiados de circuito adoptamos esta forma de trabajo. A partir de ese momento ya nada será igual.

La justicia para la vida cotidiana es prioritaria en un Estado constitucional y democrático de derecho. Con mayor razón se advierte su preponderancia en tiempos de pandemia, cuando miles de personas se han quedado sin trabajo, cuando a otras se les ha vedado la oportunidad de realizar la actividad que representa su fuente de ingresos, cuando muchas mujeres son víctimas de la violencia derivada del encierro o cuando se espera ansiosamente el fallo que comunique la ansiada libertad.

Es indudable que estos aspectos fueron sopesados para que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), presidido por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, impulsara la aprobación del acuerdo general 8/2020 del pleno del citado consejo, relativo al esquema de trabajo a distancia y las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales derivado del virus que cambió la dinámica global.

El CJF ponderó que la prestación del servicio público de justicia es esencial, por lo que autorizó el esquema de atención de casos urgentes priorizando la sana distancia y el trabajo remoto para los juzgados y algunos tribunales. En una segunda etapa, amplió el catálogo de situaciones urgentes y se aumentó en número los órganos jurisdiccionales de guardia para atender esos asuntos.

Ante la prolongación del confinamiento, se valoró el adoptar nuevos modelos para impartición de justicia, a efecto de preservar primero la salud de las personas justiciables, así como de los servidores públicos, la reducción de movilidad y el restablecimiento de la actividad jurisdiccional en el país.

En aras de delinear el esquema de trabajo, consideró la exhortación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la resolución 1/2020 (Pandemia y derechos humanos de las Américas), que insta a asegurar los mecanismos de acceso a la justicia ante posibles violaciones de derechos humanos derivados de la contingencia. Atendió lo expuesto por el relator especial de la ONU en la declaración Emergencia del coronavirus: desafíos de la justicia, que incita a la activación del sistema judicial en casos urgentes mediante el trabajo a distancia.

El acuerdo del CJF define el sistema de contingencia que se compone del trámite y resolución de asuntos urgentes, con independencia de que su promoción fuera física o a través del juicio en línea; la reanudación de aquellos que se hubieran tramitado físicamente y donde sólo esté pendiente el dictado de la sentencia o resolución final; el trámite y resolución de los juicios en línea, y la suspensión de plazos y términos procesales.

El punto toral del acuerdo, que da vida al restablecimiento de la actividad jurisdiccional en su efecto expansivo, tiene que ver con el uso de las tecnologías, pues en los tribunales colegiados de circuito estaremos sesionando, al menos en mayo, por videoconferencia. En atención a las reglas de las sesiones semanales ordinarias, pero respetando la sana distancia que restringe la presencia del público que podrá hacerse sabedor de lo resuelto una vez notificada la sentencia y regularizada la actividad en el PJF.

Entre otras materias, para la penal por su especial naturaleza, el acuerdo enuncia pero no limita los casos urgentes que deben ser atendidos prioritariamente, como las solicitudes de técnicas de investigación, arraigos e intervención de comunicaciones; los aspectos sensibles vinculados con la libertad de las personas en los sistemas penales tradicional y acusatorio, así como los asuntos que deriven de la fase de ejecución penal.

Las reglas han cambiado, el sector público debe invertir en tecnologías y adaptar la prestación de servicios a través de herramientas digitales. Ninguna emergencia futura podrá detener las actividades de los sectores esenciales para la vida de un país. La justicia estará atenta a las necesidades de quienes acudan a sus juzgados y tribunales. La nueva era, además, será útil para preservar el mundo en que vivimos.

*Magistrada federal y académica universitaria