Moisés Escamilla May, El Gordo May, líder de una célula de Los Zetas, preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Puente Grande desde 2008, acusado de la decapitación de 12 personas, murió de coronavirus a los 45 años.

Escamilla comenzó con síntomas respiratorios el 6 de mayo y fue ingresado el día 7 al servicio médico del Cefereso de Jalisco, donde falleció el 8 de mayo, informó el gobierno estatal este domingo.

La defunción de El Gordo May fue la primera por ese padecimiento en un penal del estado, y la séptima en una cárcel del país.

Moisés Escamilla cumplía desde finales de 2008 sentencia de 37 años y ocho meses de prisión por delitos contra la salud, delincuencia organizada, así como portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército. Las decapitaciones que se le atribuyeron a él y a su grupo criminal fueron perpetradas en Yucatán en agosto de ese año, pero toda la célula, incluyendo a El Gordo May, fue capturada en Cancún, Quintana Roo.

El deceso de Escamilla May se conoció por filtraciones desde el viernes pasado, pero hasta la medianoche del sábado se hizo oficial en el boletín que autoridades sanitarias de Jalisco emiten a diario, para actualizar la cifra de casos nuevos y muertes por Covid-19.

Infectados, 74 internos

En la penitenciaría de Puente Grande están infectados de coronavirus 74 de sus casi 13 mil internos, lo que representa 12.5 por ciento de la totalidad de los casos de Covid-19 confirmados en la entidad, y poco menos de la mitad de los 165 corroborados en Guadalajara, ciudad con más enfermos del estado.

Con esas cifras, Puente Grande concentra además dos terceras partes de los infectados con coronavirus en las cárceles del país, según el Mecanismo de Monitoreo Nacional por Covid-19 en los Centros Penitenciarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El reporte más reciente del mecanismo se dio el 8 de mayo, en el que se indicó que están certificados 93 casos positivos de coronavirus en los reclusorios mexicanos, 70 de ellos en Jalisco hasta ese día.

Según el gobierno jalisciense, los enfermos han sido detectados en reclusorios a través de un muestreo con pruebas PCR (siglas en inglés de reacción en cadena de polimerasa), a partir de un muestreo aleatorio que da prioridad a grupos de riesgo y no entre toda la población interna.