El proyecto de resolución del ministro Fernando Franco González Salas sobre la llamada ley Bonilla, mediante la cual se amplió de dos a cinco años el mandato del actual gobernador de Baja California, provocó opiniones encontradas entre politólogos.

Víctor Alarcón, académico de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), coincidió con los argumentos del ministro ponente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acerca de declarar inconstitucional la citada reforma legislativa, ya que se violó el principio de certeza jurídica y generó un fraude a la ley. En tanto, Álvaro Arreola, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), criticó el documento, debido a que el ministro no respeta la decisión de un Congreso soberano como es el de Baja California.

El gobernador Jaime Bonilla argumenta que no sabía que el periodo de gobierno era de dos años cuando registró su candidatura; sin embargo, la convocatoria para participar en las elecciones estatales marcaba ese periodo al igual que la Constitución, señaló Víctor Alarcón.

Explicó que el fraude a la ley se acredita porque el Congreso estatal trató de distorsionar el mandato que dio la ciudadanía de dos años, luego de que ya se había realizado la elección.

Recordó que la próxima semana se pronunciará el pleno de la SCJN sobre el caso y consideró que lo deseable es que se hubiera manifestado antes, pero aún está en el plazo legal –dos años de la gestión gubernamental– para que no se genere un daño irreparable en la entidad.

Álvaro Arreola, , calificó de inobjetable que el Poder Legislativo del estado votó porque el periodo de gobierno concluyera hasta 2024. Por mucho que sea la Suprema Corte, no puede pasar por encima de un poder soberano, porque no es inconstitucional lo que este último hizo y recordó que la decisión fue avalada por un Congreso contrario al partido que triunfó en las elecciones.

Dado lo controversial del tema, Álvaro Arreola estimó que en la Corte debe haber un voto contundente para que el proyecto de Franco sea aprobado.

El catedrático universitario consideró que entre los ministros debe caber la prudencia y la visión de Estado, con el fin de que su decisión no afecte más al estado y no genere una más división interna.