La emergencia sanitaria –iniciada en México el pasado 23 de marzo– se aplicó en el sector industrial y comercial de manera “desarticulada y desfasada“, ponderando la economía por encima de los derechos laborales y la salud, advirtió Cirila Quintero, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Colef).

La doctora, con tres décadas de experiencia en el estudio de la industria maquiladora, señaló que no han existido enlaces adecuados entre las autoridades laborales federal y locales.

Además, en el caso de la frontera, tampoco hubo sincronía con Estados Unidos. Hubo un desfase: primero paró Estados Unidos, pero le permitió a México los cruces de personas para compras en supermercados y al revés, aun cuando el periodo de contagios es y sigue siendo muy fuerte.

Asimismo, advirtió que se trató por igual a la industria pequeña y a la grande; por tanto, en una misma zona, pararon fábricas, pero no el comercio, y éste continuó sin revisiones sanitarias efectivas.

Quintero comentó que el decreto del 31 de marzo, en el que se fijaron las actividades esenciales, en el contexto de la emergencia sanitaria y la jornada nacional de sana distancia, no fue lo suficientemente claro respecto a las actividades permitidas, en especial en la industria.

Por ejemplo, en las maquiladoras es imposible operar con la sana distancia, debido a que trabajan en líneas de trabajo y el riesgo de contagio es alto.

En entrevista difundida por el Colef, la investigadora hace énfasis en las áreas en las que se privilegió la economía sobre los riesgos laborales y sanitarios.

En Matamoros, precisó, tras las indicaciones federales de la última semana de marzo, 10 por ciento de los obreros se fueron a casa por ser grupo vulnerable, pero incluso este sector se topó con la burocracia del IMSS y el cierre de la Junta de Conciliación y Arbritaje, desde el 25 de marzo, lo que dejó en situación desfavorable a los trabajadores que requerían de dicha instancia.

Quintero lamentó la falta de enlaces en los tres niveles de gobierno y con las autoridades de Estados Unidos para llegar a acuerdos, en especial los bilaterales, porque, pese a la contingencia, siguieron las deportaciones”. De 57 mil 475 paisanos repatriados durante el periodo enero-marzo del año en curso, casi 20 mil fueron enviados por Tamaulipas.