l jueves pasado, el estudiante de biología y defensor de la naturaleza Eugui Roy fue asesinado en un rancho del municipio oaxaqueño de San Agustín Loxicha, donde decidió radicar durante la actual contingencia sanitaria. Comprometido con el cuidado, defensa y preservación de reptiles y anfibios, Eugui tenía apenas 21 años y era un integrante apreciado de distintas organizaciones e iniciativas ambientalistas, las cuales han lamentado su muerte y exigido a las autoridades el esclarecimiento del ataque homicida en su contra.
El asesinato de Eugui se enmarca en un clima generalizado de violencia contra los activistas ambientales. Hace apenas dos semanas, La Jornada consignó las amenazas y presiones que Roberto de la Rosa de Ávila ha recibido por oponerse a que sus tierras sean convertidas en una mina a cielo abierto por Ocampo Minning Tayahua, filial de Grupo Frisco. En lo que va de 2020 al menos seis defensores del medio ambiente han sido asesinados: el propio Eugui Roy, la defensora del territorio sagrado wixárika de Wirikuta Paulina Gómez Palacio Escudero, el abogado ambientalista Isaac Medardo Herrera Avilés, el opositor a la minería a cielo abierto Adán Vélez Lira y los protectores de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca Homero Gómez González y Raúl Hernández Romero.
La breve enumeración anterior, así como los 499 ataques dirigidos contra defenso-res del medio ambiente entre 2012 y 2019 –83 de ellos con saldo mortal– muestran como constante el desencuentro de quienes buscan la preservación del equilibrio ecológico y el respeto a sus formas de vida con poderosos intereses económicos que no ven en la naturaleza sino un filón para el enriquecimiento acelerado, cuya explotación emprenden al margen de cualquier impacto negativo para el propio ambiente o para la salud de quienes se ven expuestos de manera involuntaria a sus actividades.
La minería es una actividad cuya mención resulta ineludible al referirse a los daños a la salud que conllevan los proyectos a los que se oponen los ambientalistas hostigados o asesinados. En efecto, cabe recordar que esta industria extractiva no sólo se encuentra involucrada en 71 de los 499 ataques perpetrados en los ocho años pasados, sino que también se ha destacado como un actor particularmente nocivo para la salud pública, y refractario a asumir cualquier responsabilidad por las consecuencias indeseables de sus actividades.
Otro deplorable denominador común en la violencia contra defensores del medio ambiente es la casi total impunidad con que suelen saldarse todas las formas de agresión que padecen. Esta impunidad, que no pocas veces ha ido precedida y seguida por el uso de la fuerza pública para amedrentar a los activistas, ha sido un aliciente perverso para quienes hacen de la aniquilación física de los defensores un medio para facilitar la consecución de sus intereses. Por ello, el esclarecimiento del crimen contra Eugui Roy, y el de todos los delitos contra ambientalistas que permanecen impunes, representa la única vía para poner fin al uso de la violencia contra éstos y otros luchadores sociales.
