Entre 2009 y 2010, autoridades de Estados Unidos pusieron en marcha la Operación Rápido y Furioso y, de acuerdo con información revelada en el Senado de la República, esta acción fue acordada por funcionarios de la agencia de control de armas, tabaco y explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, durante la presidencia de Felipe Calderón.

En una sesión celebrada en marzo de 2015 –cuando se discutía la designación de quien fuera procurador general de la República como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, los legisladores señalaron que el documento A Review of ATF’S Operation Fast and Furious, elaborado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, menciona el acuerdo entre Medina Mora y los representantes de la ATF.

La Operación Rápido y Furioso tenía como meta dar seguimiento a un cargamento de 2 mil armas de fuego, pero sólo pudo recuperar 710, y el resto llegó a los cárteles mexicanos, lo cual derivó en el asesinato de un agente estadunidense con uno de esos artefactos.

Tras revelarse lo ocurrido, autoridades de México y Estados Unidos tuvieron una pausa en cuanto al intercambio de información y la puesta en marcha de mecanismos de combate al tráfico de armas.

En junio de 2012, funcionarios de la PGR señalaron que Washington mantenía su posición de no proporcionar detalles del destino que tuvieron las armas que ingresaron en forma ilegal a territorio nacional, ni los motivos que derivaron en la renuncia del procurador general de Arizona, Dennis Burke.

La operación concluyó en diciembre de 2010, cuando el agente de la patrulla fronteriza Brian Terry fue asesinado con una de las armas que la ATF permitió cruzar hacia México y que llegaron a integrantes de los cárteles del Golfo, de Sinaloa y Los Zetas.

En México, la entonces PGR supuestamente dio inicio a una investigación contra quien pudiera resultar responsable del tráfico ilegal de armas, pero nunca se dieron a conocer los resultados.