l presidente López Obrador ha sido puntual y reiterativo: no más deuda pública para rescatar a los de arriba y en automático pasar la factura a los de abajo. Se acabó esta fórmula utilizada por décadas, con los resultados por todos padecidos.

De hecho, en la mañanera de ayer el mandatario subrayó la necesidad de reducir el costo del gobierno a la sociedad, y vamos a hacer un esfuerzo más. ¿Para qué? Para no endeudarnos, porque si nos endeudamos tenemos que pagar más de intereses, y cada vez más y más, y se reduce el monto del presupuesto que se le destina al pueblo. Si solicitamos deuda nos dan, pero ¿qué va a suceder? No vamos a tener para educación, salud, las pensiones a adultos mayores, bienestar del pueblo.

Así es: año tras año de las arcas públicas salen miles y miles de millones de pesos para cubrir el costo financiero de la deuda del sector público federal (la mayor parte, por mucho, al pago de intereses) y de cualquier forma la cuenta se mantiene creciente.

Sólo como ejemplo, en el primer trimestre de 2020 el gobierno erogó más de 130 mil millones de pesos para cubrir el costo financiero de la deuda (interna y externa) del sector público federal, y de ese monto 98 por ciento se destinó al pago de intereses del propio débito.

Un caso representativo de cómo se maneja la deuda pública es el ilegal rescate bancario de 1995 que Ernesto Zedillo endilgó a los mexicanos, pero que los prianistas se encargaron de legalizar en el Congreso (desaparecieron el Fobaproa e inventaron el IPAB, en el clásico de que se trata de la misma gata, pero revolcada). El voluminoso monto de este salvamento, calculaban en el gobierno de entonces, terminaría de pagarse en dos décadas, es decir, en 2015.

Pues bien, México arriba al 2020 con bancos hinchados de ganancias netas, pero ahora se estima que el citado adeudo terminaría de pagarse, si bien va, en 2070, es decir, 75 años después del rescate, aunque el periodo podría prolongarse, si es que algún día se salda el regalito de Zedillo.

Todos los años el Presupuesto de Egresos de la Federación destina importantes cantidades para el servicio de la deuda del Fobaproa-IPAB, a intereses mayoritariamente. Miles y miles de millones para el rescate de los barones del dinero que deben ser pagados por los mexicanos.

Como cápsula de memoria es necesario mencionar que, a comienzos de 1995, cuando los 18 grupos beneficiarios de la reprivatización salinista de la banca habían exprimido y quebrado las instituciones financieras que recibieron, el entonces gobernador del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, alegremente aseguraba que el apoyo económico del gobierno federal, vía Fobaproa, no pasaría de 50 millones de dólares y se otorgaría temporalmente y solo en caso de necesitarse.

En los hechos, los 50 millones de dólares de Mancera se convirtieron en 120 mil millones de billetes verdes –más intereses–, y salvo uno, que permanece en manos mexicanas, los bancos rescatados terminaron –limpios de polvo y paja– en manos extranjeras. Eso sí, los gobiernos neoliberales dejaron el pago de la deuda del Fobaproa, íntegra y en exclusiva, a los mexicanos.

Ha transcurrido un cuarto de siglo desde el rescate ordenado por Zedillo, a lo largo del cual los mexicanos no han dejado de abonar a la deuda del Fobaproa. En ese periodo México perdió sus instituciones bancarias; el mercado financiero es controlado por firmas foráneas y los mexicanos pagaron alrededor de un billón de pesos por tal salvamento. Pero en 2020 aún adeudan otro billón, y contando.

Ese fue el apoyo temporal de Mancera Aguayo. Cifras de la Secretaría de Hacienda detallan que cuando Zedillo se fue de Los Pinos el saldo de la deuda del Fobapra-IPAB sumaba 648 mil 570 millones de pesos; dos décadas después asciende a 961 mil millones.

Las rebanadas del pastel

Las brujas no existen, pero de que vuelan, vuelan. De allí la relevancia de lo dicho por el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Juan Pablo Graf: no vislumbramos algún rescate bancario.

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