ndrés Manuel López Obrador sostuvo como candidato, y lo ha reiterado ahora que despacha desde Palacio Nacional, que no le parece conveniente desperdiciar energía política al procurar castigo para ex ocupantes de la silla presidencial que fueron corruptos y criminales, pues tal fuerza y dedicación se requieren para empujar hacia adelante, más viendo al futuro que al pasado, en un perdón claro a los principales responsables institucionales de la tragedia mexicana, una especie de ley informal de punto final que en lenguaje llano y en aplicación práctica equivale a lo que en lenguaje popular se conoce como borrón y cuenta nueva.

El presidente de México ha señalado en varias ocasiones que a él no le mueve la venganza, cuando lo que muchos mexicanos le demandan no es su procesamiento de ánimos personales, sino la firme aplicación de la ley contra ex presidentes y sus pandillas más cercanas, aun a sabiendas del reducido margen para la acción penal que tramposamente se regalaron los anteriores jefes sexenales del sistema político mexicano. López Obrador ha manoseado y pospuesto por sistema el tema de presuntas consultas populares para decidir si deben intentarse acciones contra tales ex presidentes, a pesar de que él mismo llegó a asegurar que las convocaría y realizaría por sí mismo e, incluso, mencionó las presuntas preguntas a realizar.

La condescendencia respecto a su antecesor inmediato, Enrique Peña Nieto, podría tener cierta explicación, aunque no una justificación: el frívolo mexiquense que ocupó Los Pinos de 2012 a 2018 cedió el paso, en términos electorales y luego institucionales, al tabasqueño que se prefiguraba como ganador imparable. Aun cuando el conductor de las conferencias mañaneras de prensa ha descrito una y otra vez el desastre criminal contra el país que le dejaron los antecesores, marcadamente el priísta encopetado, no se ha hecho nada de real impacto contra esa facción altamente corrupta (el caso de Rosario Robles tiene otras connotaciones).

Ahora, Felipe Calderón Hinojosa responde retador a lo dicho el martes por el Presidente de la República: la justicia no es un asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes. Si la fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos, tuiteó. ¿Responderá López Obrador con una señal de amor y paz u ondeará un pañuelo blanco ante periodistas? ¿Seguirá aferrado a la mala coartada de las consultas? ¿Derivará el caso a la instancia formal de la Fiscalía General de la República?

Ayer se advirtió en esta columna cuán terrible sería que el dinero de García Luna estuviese al servicio de otro proyecto político de su siamés Calderón Hinojosa y se planteó que, ante las acusaciones de recaudación de recursos del narcotráfico hechas a García Luna en Estados Unidos, y las recurrentes pruebas de proclividad falsificadora de los promotores principales de México Libre, es necesario que el Instituto Nacional Electoral revise a fondo los procesos de las asambleas distritales que darían paso al otorgamiento del registro de tal organización calderonista-zavalista, incluyendo los señalamientos reiterados del pago en efectivo a asistentes (entre otros temas económicos).

Al respecto, la oficina de comunicación social del INE ha enviado a esta columna el siguiente texto, que se reproduce tal cual y, sin más, se deja a los lectores la valoración respecto a lo publicado por este tecleador astillado y la respuesta oficial: “Lorenzo Córdova no da ni quita registros; tampoco el resto de los consejeros electorales, ni el INE regala registros. Son los ciudadanos los que con su firma y asistencia a asambleas apoyan o dejan de apoyar la constitución de un nuevo partido político. El INE –sus órganos facultados– verifica la validez de los documentos entregados (incluidas, desde luego, las firmas). Si no se cumplen los requisitos de ley, cualquier agrupación que desee registro de partido se queda sin él. Nada más, pero nada menos”. ¡Hasta mañana!

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