e forma contrastante se presentaron dos posturas de política económica para enfrentar la contingencia. Una desde el lado monetario y otra desde el fiscal. La junta de gobierno del Banco de México (BdeM) y el Presidente de la República. El 21 de abril el BdeM anunció que disminuía su tasa de interés objetivo a un día en 50 puntos base, dejándola en 6 por ciento, junto con un paquete de 10 medidas adicionales
para promover orden en los mercados financieros, fortalecer el otorgamiento de crédito y dotar de liquidez al sistema financiero nacional. Días después, AMLO anunció medidas administrativas para blindar con 622 mil 565 millones de pesos los programas sociales, reforzando la política de austeridad.
Las medidas adicionales
decididas por el BdeM, como se ha aclarado, no implican el uso de las reservas internacionales, ni tampoco hace falta que el banco central emita dinero nuevo. Se trata exclusivamente de una redistribución de liquidez en el sistema financiero, es decir, de un traspaso de efectivo desde el banco central hacia intermediarios financieros que se hará mediante operaciones de compra de valores gubernamentales, valores corporativos, intercambiando garantías y cambiando valores gubernamentales con vencimiento largo por vencimientos más cercanos.
Los 750 mil millones de pesos comprometidos, equivalentes a 3.3 por ciento del producto interno bruto de 2019, se distribuyen así: 400 mil en las operaciones de intercambio recién descritas y los otros 350 mil millones se destinarán a promover créditos a micro y pequeñas empresas por conducto de la banca comercial y la banca de desarrollo. Estos recursos llegarán a intermediarios financieros esencialmente privados, pero también a entidades financieras públicas. Los 350 mil millones destinados a promover créditos se concretarán siempre y cuando los intermediarios otorguen créditos. No llegarán directamente a ningún destinatario.
Del lado de las acciones de gobierno se está desarrollando un programa de apoyo a los más necesitados que implica recursos por 100 mil millones de pesos, entre 1.5 y 2 por ciento del PIB, distribuidos en tres partes: 25 mil millones para créditos a informales, otros 25 mil millones a microempresarios del sector formal y 50 mil millones adicionales en programas de inversión. Junto con la extensión del apoyo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el adelanto al de Pensión para Adultos Mayores configuran un paquete relevante. A esto se agregan 2 millones de empleos comprometidos, que se lograrán por medio de los proyectos de infraestructura, los créditos a empresas con dificultades y los recursos destinados a los proyectos de las 50 ciudades.
Las salvedades que AMLO ha planteado a las medidas no convencionales del BdeM, junto con sus 10 medidas en beneficio de clases medias y altas, documentan la concepción económica con la que desde la presidencia se responde a la crisis en curso. Es claro que le corresponde al Estado actuar para revertir en lo posible los impactos negativos que ocasionará la suspensión de las actividades económicas. Es claro que, además, hay prioridades sociales que deben atenderse y que corresponde al propio Estado determinar esas prioridades. Pero también es muy claro que los recursos que demanda atender lo que hace falta, rebasan con mucho los que pueden provenir de la austeridad, por más rigurosa que sea.
El paquete gubernamental se ha considerado insuficiente por analistas de distintas perspectivas ideológicas. Es obvio que no protege a empresas medianas y grandes, ni a empresarios. Atiende al sector de la población que no tiene ninguna posibilidad para resistir la crisis en la que estamos. Pero, por supuesto, no abarca a todos. Se requiere expandir los recursos a utilizar para destinarlos a millones de trabajadores con empleos precarios. La insistencia en que detener la corrupción, disminuir el gasto corriente del gobierno, garantizar el estado de derecho y el ejercicio de las libertades, beneficia en estos momentos es, para decir lo menos, inconveniente. Lo relevante es que se insiste en que no habrá aumentos de impuestos, cuando el país recauda solamente 13 por ciento del PIB y enfrenta una situación en la que el producto pudiera caer cerca de 10 por ciento.
El BdeM que en sus casi 27 años de autonomía y mandato único se había mantenido apegado a una ortodoxia inmune a responder a modificaciones importantes al escenario económico, como el brutal choque externo derivado del estallido de la burbuja inmobiliaria, complicado por el contingencia del virus A/H1N1, decidió hacer uso de medidas no convencionales respondiendo a una situación que llevará a una contracción importante de la actividad económica
que, además, pudiera complicarse si la pandemia tardara más de lo estimado en controlarse. Una situación inesperada como la que estamos viviendo demanda capacidad para modificar puntos de vista que en otros tiempos pudieran ser razonables. Mantener férreamente la decisión de no pedir financiamiento externo es adecuada, al tiempo que es notoriamente inadecuado persistir en la convicción de que no habrá aumentos de impuestos.
