El estado de vulnerabilidad de las personas trabajadoras no asalariadas, que acentuó la emergencia sanitaria por contagios de SARS-CoV-2 –causante de Covid-19–, hace imprescindible que la ley en la materia que debe expedir el Congreso de la Ciudad de México incorpore el diseño de un mecanismo de seguridad social para dicha población.

La coordinadora para América Latina del Programa de Derecho de WIEGO (Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando), Tania Espinosa Sánchez, explicó que así se planteó en una propuesta de modificación a las iniciativas presentadas por legisladores que se elaboró junto con uniones de trabajadores no asalariados, como las de organilleros, aseadores de calzado y trovadores, entre otras, a partir de lo que establece la Constitución Política capitalina.

Señaló que más allá del apoyo de mil 500 pesos que recibirán del gobierno de la ciudad por la contingencia, la apuesta para enfrentar esta situación tendría que ser el mínimo vital que establece también la Constitución local como un derecho para asegurar una vida digna.

La ley que al respecto debe expedir el Congreso, al igual que la ley en materia de trabajo no asalariado y comercio en vía pública, es, sin embargo, otro pendiente del Legislativo.

Espinosa Sánchez advirtió que la pandemia permitió a los trabajadores no asalariados estar al tanto de cuál es su estado de vulnerabilidad en una crisis no prevista como esta, y abre la oportunidad de que incidan ante el Legislativo para que la ley que se expida no establezca menos derechos de los que señala la Constitución, como el de la seguridad social.

Dijo que normalmente se piensa la seguridad social como acceso a atención médica, pero es más amplia e incluye otros servicios, entre los que tendrían que desarrollarse mecanismos que les permitan contar con fondos de emergencia ante situaciones como la que actualmente enfrentan, aunque reiteró que el mínimo vital que se estableció como una renta básica en la Constitución tendría que ser la apuesta a esta emergencia.

Si bien el proyecto de dictamen sobre dicha ley que elaboró la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas alude a ese derecho, Espinosa Sánchez enfatizó que la Constitución señala expresamente que la legislación debe determinar el mecanismo y no relegarlo a una reglamentación.

Refirió que el Reglamento de Trabajadores No Asalariados vigente refiere, por ejemplo, que el hospital Gregorio Salas estará a su disposición para recibir atención médica, y eso dejó de suceder hace años.