e acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre el año 2000 y el presente, la deuda del sector público mexicano pasó de 19 a 45 por ciento del producto interno producto (PIB), un crecimiento a todas luces preocupante que, además, no considera el débito contraído por el Estado para el rescate bancario y de las carreteras concesionadas tras la crisis de 1995. Sólo en la década anterior, la deuda del sector público federal se disparó en 166 por ciento, al pasar de 4 billones 213 mil 878 millones al cierre de 2010, a 11 billones 27 mil 500 millones de pesos en diciembre de 2019. En este periodo, que abarca los últimos dos años del sexenio de Felipe Calderón, la administración completa de Enrique Peña Nieto y el primer año de Andrés Manuel López Obrador, el endeudamiento trepó de 31.5 a 45.5 por ciento del PIB.
Cabe recordar que la relación entre deuda y PIB es uno de los indicadores más usados para medir la sostenibilidad del débito de una nación, es decir, su capacidad de cumplir los compromisos contraídos con sus acreedores. En este sentido, aunque la deuda del sector público mexicano se encuentra lejos de los ni-veles considerados peligrosos por los organismos multilaterales y las agencias calificadoras, el constante debilitamiento de este indicador de las finanzas estatales supone una mayor carga en materia de pago de intereses, al mismo tiempo que una contracción en el margen de maniobra de las autoridades para financiar sus actividades por la vía del crédito. Como señaló el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, dicho escenario se complica al considerar que la pandemia en curso ha traído consigo el desplome del precio del petróleo, una de las principales fuentes de ingresos del país.
Es en este contexto que debe entenderse el debate entre el gobierno federal y el heterogéneo grupo de organizaciones y voceros de los sectores privado, académico y político, que se pronuncia a favor de que las autoridades usen el endeudamiento como una de las herramientas a su alcance para hacerse de los recursos que le permitan paliar los devastadores efectos económicos de la pandemia en curso. Así, mientras el presidente López Obrador y su equipo hacen énfasis en la posibilidad de capear la situación mediante medidas de austeridad y con los recursos de los que podría disponer si algunos grandes contribuyentes cumplieran con sus obligaciones fiscales; desde el otro lado se resalta que el crédito, sobre todo si se negocia en condiciones favorables y se aplica bajo criterios adecuados, puede proveer soluciones en medio de la crisis global que se avecina. Asimismo, estos últimos insisten en que las restricciones presupuestales prolongarán la depresión de la economía y tendrán un costo mayor a largo plazo, tanto para las finanzas públicas como para el conjunto de la sociedad.
Ante esta disyuntiva, lo cierto es que el gobierno federal deberá ponerse al frente de los esfuerzos de reactivación económica para devolver al país la normalidad, una vez superada la pandemia de Covid-19. Hacerlo sin comprometer a las futuras generaciones es un imperativo, como también lo es el no renunciar de antemano a las herramientas que permitan sacar adelante a la nación. Lo importante es que cualquier decisión al respecto deberá tomarse sin presiones ni chantajes, con total transparencia, y a partir de criterios eminentemente técnicos para coadyuvar al bienestar de las mayorías.
