Morelia, Mich., El gobernador Silvano Aureoles Conejo firmó esta mañana un decreto por el cual a partir de este lunes se inicia en todo el estado un periodo de aislamiento obligatorio para reducir la propagación de coronavirus. Asimismo, dio a conocer un plan alimentario para proteger a los grupos más vulnerables y a quienes perdieron sus medios de sustento.

En un mensaje emitido en medios electrónicos locales, Silvano Aureoles destacó que sólo podrán circular en la calle, portando cubrebocas, quienes deban salir a comprar alimentos y/o medicinas, acudir a hospitales o trasladarse a cuidar a personas vulnerables.

A los infractores se les impondrán multas o aislamiento obligatorio en 10 instalaciones dispuestas para ello en todo el estado. Además, se contempla obligarlos a realizar trabajo social comunitario, que incluirá brindar atención a grupos vulnerables y participar en la elaboración de cubrebocas.

El perredista Aureoles Conejo comentó que este domingo constató que en varios municipios y en la capital michoacana se llevaron a cabo jaripeos, fiestas y eventos deportivos, lo que pone en riesgo a las familias.

De igual manera, dio a conocer un plan alimentario para grupos sociales desprotegidos, mediante el cual se distribuirán alimentos a vendedores ambulantes, pequeños comerciantes, transportistas, desempleados y personas que tengan problemas para subsistir. Solo se requerirá una llamada telefónica para que patrullas de la Policía Michoacán les hagan llegar las despensas.

En tanto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) señaló que las medidas de aislamiento obligatorio deben aplicarse con base en la ley y el respeto irrestricto a las garantías individuales.

La crisis de salud pública que enfrentan el estado y el país por la pandemia del Covid-19 no debe convertirse en una oportunidad para vulnerar los derechos de los ciudadanos, sino para coadyuvar población y gobierno para hacer efectivos no solo los derechos, sino también las obligaciones como ciudadanos, indicó la CEDH en un comunicado.

En este contexto, el ex presidente de la CEDH Víctor Manuel Serrato declaró en entrevista colectiva que aplicar multas y sanciones a quienes no atiendan el esquema de confinamiento es una facultad que únicamente compete al Ejecutivo federal, con aprobación del Congreso de la Unión, según el artículo 29 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.