uando las sociedades atraviesan por alguna coyuntura sanitaria de excepción, como la que actualmente ha generado la aparición a escala mundial del nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV2, el apego al conocimiento científico y la prudencia para dar un juicio sobre el tema resultan especialmente aconsejables. En una ciudadanía que vive un presente inquietante y afronta un futuro incierto, la información sin fundamento, el rumor esparcido de manera irreflexiva y las opiniones más apoyadas en filias y fobias que en datos probados, sólo contribuyen a sembrar la intranquilidad, el temor y la discordia. Y si esas actitudes encuentran eco en un medio informativo impreso o electrónico de gran alcance, su capacidad para lesionar el equilibrio público y entorpecer las tareas de restablecimiento de la normalidad se potencia peligrosamente.

Por eso, es preocupante que un comunicador de una de las más importantes cadenas de televisión abierta de México haya hecho un llamado, el pasado viernes por la noche, a desatender las recomendaciones que para mantener a raya los contagios de Covid-19 formula diariamente el especialista encargado de coordinar la estrategia de combate a la pandemia. Las expresiones en tal sentido del conductor Javier Alatorre en un canal de Televisión Azteca, aconsejando a sus televidentes no hacerle caso a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, constituyen por decir lo menos un acto de franca irresponsabilidad.

Las medidas dispuestas por los funcionarios de Salud de nuestro país derivan tanto de los lineamientos dados a conocer por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como del conocimiento que las autoridades de este rubro tienen de nuestra población y de su vida social y económica. Por eso (y no por el solo hecho de que sean autoridades) un cuestionamiento serio a su estrategia debería basarse, si acaso, en razonamientos técnicos y no en primitivas opiniones viscerales. Y un llamado a desoír sus recomendaciones es en cualquier caso inadmisible, porque equivale a boicotear una política pública de salud emitida por una autoridad federal que tiene jerarquía constitucional. Es precisamente esto lo que ayer la Secretaría de Gobernación le recordó a Televisión Azteca en un texto mediante el cual apercibió a la empresa para que manifieste públicamente su respeto a las disposiciones sanitarias emitidas en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria actualmente vigente. Y el hecho de que el titular del Ejecutivo se haya referido al asunto de manera mesurada y comedida en su mensaje televisivo, no le quita al episodio su carácter preocupante, porque no se advierte en la otra parte la misma disposición conciliadora.

En el mismo contexto de confrontación y escaso –por no decir nulo– espíritu para contribuir con los esfuerzos orientados a superar la crisis producida por el coronavirus y sus probables secuelas, se inscriben los movimientos realizados en distintos puntos del país por empresarios que, tras pedir estímulos fiscales y no obtenerlos, amenazan con organizar una suspensión concertada del pago de impuestos; en esa misma línea operan gobernadores que convierten en espectáculo las deficiencias reales o supuestas en el abasto de equipos médicos y protagonizan querellas sin sentido por presuntas diferencias en la numeralia de la enfermedad. Por lo que hace a los primeros, parecieran creer que las consecuencias económicas desencadenadas por el coronavirus los afectan solamente a ellos, cuando basta una mirada a los indicadores del país y del mundo para advertir que la pandemia está castigando severamente a todos los sectores sociales y en especial, como pasa siempre, a los más desposeídos, que es hacia los cuales el actual gobierno ha anunciado canalizar mayor cantidad de recursos.

A estas alturas es un lugar común decir que aprovechar las catástrofes en provecho propio no es aceptable ni justo ni ético. Pero no por ello deja de ser una verdad palmaria.