El recorte a la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex) provocará que a corto plazo el gasto financiero de la empresa productiva se incremente, lo cual afectará directamente las finanzas públicas del país, advirtieron ayer analistas financieros.

Después de que Moody’s y Fitch degradaron la nota de la petrolera, como consecuencia del reciente recorte a la calificación soberana del país, especialistas de Monex manifestaron que los ajustes llevados a cabo por la primera agencia afectan la recuperación de la inversión en México, lo cual, a su vez, incidirá en el crecimiento económico.

Santiago Fernández, analista de Intercam Banco, señaló que la acción de Moody’s tiene más importancia, pues tendrá una mayor repercusión en los mercados.

Tanto Fernández como Janeth Quiroz y Marcos Arias, de Monex, coincidieron en que con la degradación a Ba2 por Moody’s y BB- de Fitch se cumple la condición que impide a varios fondos de inversión mantener la posesión de bonos de la empresa.

La decisión de Moody’s se justifica por los cambios significativos en el marco macroeconómico del país, derivado de la contingencia sanitaria por el Covid-19, ya que se prevé una recesión profunda y prolongada que maximizará las presiones sobre las finanzas públicas ante la caída de la recaudación y la inmensa necesidad de gasto para enfrentar la crisis sanitaria y paliar las afectaciones económicas.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que la degradación de la calificación de la petrolera y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) coloca a la economía del país más cerca de un abismo.

Destacó que con la reducción de la nota de Pemex se espera una caída en el valor de los bonos de la empresa productiva por las salidas de capital, lo cual ocurrirá porque muchos fondos de inversión a escala global, entre ellos los de pensiones, tienen la restricción de invertir en los valores que tengan al menos dos calificaciones con grados de inversión.

El organismo empresarial pidió al gobierno federal que ante el complejo panorama económico instrumente apoyos fiscales y financieros, cancele obras de infraestructura no prioritarias y no socave la confianza de los inversionistas.