Sur de Veracruz 123 camas disponibles para enfermos graves de COVID-19

Al entrar a la comunidad de Mecayapan, al sur de Veracruz, disminuyo la velocidad del automóvil por un retén de protección civil, en el que una mujer con bata blanca y cuatro policías me hacen la señal para detenerme. Limpiando el sudor de su frente por el calor de finales de marzo, La mujer, me interroga sobre mi nombre, lugar de procedencia, lugar al que me dirijo, si he tenido fiebre o algún síntoma de enfermedad y mi número de teléfono en caso de tener que localizarme, registrándolo en un formato. Me aclara que estamos en contingencia sanitaria, me invita a lavarme las manos, ponerme gel antibacterial y me obsequia una hoja impresa de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) con información sobre los síntomas del coronavirus y los teléfonos de protección civil y salud municipal. Colaboro otorgando la información y realizando las acciones de limpieza, bajo la vigilancia de los policías, que no necesitan decir nada para disuadirme a no contravenir las indicaciones.

En la Sierra de Santa Marta (SSM), integrada por los municipios de Mecayapan, Soteapan, Tatahuicapan y Pajapan, con el mayor asentamiento de población indígena nuntajɨyi’ (popoluca) y nahua del Istmo veracruzano, se escucha por el altavoz o palo que habla (medio de comunicación más común y eficaz en las comunidades) la advertencia de “no salir de casa por riesgo de contagio del coronavirus”, además de aclarar que “no estamos de vacaciones”. A pesar de la Semana Santa, época del año en que se reciben múltiples familias de las ciudades aledañas a la región, que buscan un poco de frescura en los ríos, cascadas y playas al inicio de la época más calurosa del año, todos estos sitios están cerrados al público. Esta región montañosa, constituida por los volcanes Santa Marta y San Martín Pajapan, al sur de Los Tuxtlas, es la principal fuente de agua potable para las comunidades rurales y urbanas, incluyendo las ciudades petroleras de Coatzacoalcos y Minatitlán.

El 29 de marzo el gobierno del estado de Veracruz reportó la primer deceso por COVID-19. Al 9 de abril ya habían fallecido tres personas y 54 han dado positivo al virus.

Al cerrarse las opciones de trabajo por el confinamiento obligatorio, muchos paisanos están regresando a sus comunidades desde el norte del país y Estados Unidos, y existe incertidumbre de si contrajeron el virus o no, y aun no puede estimarse la magnitud que tendrá la pandemia en las comunidades indígenas de la SSM.

Epidemias anteriores

No es la primera ocasión que México se ve sobrecogido por las epidemias, ya tuvimos experiencia con el virus de la influenza A H1N1, que alcanzó el nivel de pandemia en el 2009, por un virus transmitido por el cerdo y la gallina al ser humano, que en nuestro país tuvo un total de 12,645 casos confirmados y 122 fallecidos, con una letalidad de 2.2%, sobre todo entre adultos jóvenes de 20 a 39 años.

En 2015, el virus de chikungunya, transmitido por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, también transmisores del dengue y el zika, afectó gravemente a las comunidades la SSM. En ese año se contabilizaron alrededor de 2,300 personas infectadas solo en Veracruz. Al no haber vacuna ni tratamiento específico, los centros de salud solo recetaron paracetamol, descanso absoluto e hidratación para mitigar los síntomas.

Las emergencias epidemiológicas evidencian la deuda histórica del Estado mexicano con el derecho a la salud de los pueblos indígenas, la falta de hospitales con atención médica de calidad cerca de sus comunidades, con camas y medicinas suficientes, servicios especializados, con personal médico de planta que de atención las 24 horas todo el año. Evidencian además el maltrato, la violencia obstétrica y el racismo hacia las usuarias y usuarios indígenas, sin tomar en cuenta sus necesidades de atención, desde sus culturas y sus lenguas maternas, y la falta de reconocimiento y respeto hacia sus autoridades de salud comunitarias, que ancestralmente han desarrollado conocimientos y prácticas de medicina tradicional. En Veracruz como en otros estados del país, muchas parteras han dejado de atender embarazos en sus comunidades y han asumido las actividades que les asignan las instituciones de salud como madrinas obstétricas o promotoras de planificación familiar, canalizando a las embarazadas a las clínicas y hospitales, sin que en ellos encuentren una mejor atención.

De los 85,560 habitantes de la SSM (INEGI 2015), el 70% se encuentra afiliado a la Secretaría de Salud (SSA), cuya atención corresponde al Hospital Comunitario de Tonalapa, en Mecayapan, y al recientemente inaugurado Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de Tatahuicapan de Juárez. En una situación crítica de la epidemia, dichos hospitales no tendrían la capacidad de dar a atención a enfermos graves de COVID-19. De acuerdo con el comunicado del 7 de abril del Sesver sobre la estrategia estatal contra el coronavirus, las camas disponibles exclusivas para enfermos graves son solo 123 en hospitales de la zona Sur (51 en el Hospital Regional de Minatitlán, 60 en el Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos y 12 en el Hospital Regional de Coatzacoalcos), para una región con más de 800 mil habitantes (equivalente a 0.15 camas por cada mil habitantes).

Ante esta in-capacidad de atención hospitalaria frente a la pandemia, la medida más sensata es la prevención, evitando el contagio “quedándonos en casa” y fortaleciendo nuestra salud, a través de la alimentación sana, el descanso y las alternativas de tratamiento que nos dan la herbolaria y la homeopatía.

La resistencia indígena en la construcción de otros mundos posibles

El capitalismo neoliberal concentra el poder y el capital en unas cuantas manos, enriquecidas gracias a la explotación, la exclusión y el despojo de los recursos de la humanidad y el ecocidio del planeta. Los pueblos indígenas de nuestro país tienen una memoria e historia larga de lucha, defendiendo sus culturas y territorio con estrategias de resistencia, negociación y alianza, frente a múltiples amenazas, opresiones, conflictos y procesos políticos que han marcado la historia nacional.

En el 2017 se integró el “Movimiento Indígena en Defensa y Respeto por la Vida” con la participación de 400 autoridades de 50 comunidades nuntajɨyi’ y nahua de la SSM, para la organización de la resistencia y defensa territorial contra la entrada de megaproyectos como la minería, la extracción de hidrocarburos, los parques eólicos y la privatización del agua para uso industrial. De tiempo atrás, las organizaciones civiles que impulsan el movimiento, participan en el Congreso Nacional Indígena y en el Concejo Indígena de Gobierno, en la defensa de los derechos humanos, la promoción de la salud comunitaria, la economía solidaria y la resistencia civil contra las altas tarifas de luz impuestas por la Comisión Federal de Electricidad. En fechas recientes se han unido al movimiento del Istmo es nuestro contra el “Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec-Tren interoceánico” impulsado por el gobierno de la 4T, reconociendo que los megaproyectos e inversiones con promesas de “modernidad y bienestar” no han beneficiado a las poblaciones locales, por el contrario, han impulsado el despojo territorial y un severo deterioro ambiental y del tejido social de las comunidades.

Ante la crisis sanitaria y económica actual, o nos resignamos a la desesperanza, o nos movilizamos para intentar otros mundos posibles. Construir conjuntamente pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y urbanos, un modelo de vida que tenga como base el bien común, los derechos humanos y de la naturaleza, la satisfacción de las necesidades actuales, sin comprometer el futuro de las siguientes generaciones. Sumarnos al llamado de los pueblos zapatistas, de “no perder el contacto humano, sino cambiar temporalmente las formas para sabernos hermanas, hermanos, hermanoas”, y “a no dejar caer la lucha contra la violencia feminicida, a continuar la lucha en defensa del territorio y la madre tierra”. •