n conferencia matutina (10/3/20) la doctora Gisela Lara, titular del Programa IMSS-B, exhibió un cuadro con su cobertura: 12.3 millones de beneficiarios (4.5 en comunidades indígenas), atendidos con 20 mil 335 médicos, enfermeras y paramédicos, así como 318 mil 747 voluntarios de las comunidades. También afirmó que cuenta con 15 mil 775 voluntarios rurales.

El programa activa un ejército de recursos humanos en 17 mil localidades. De ellas, casi 3 mil 500 disponen de una Unidad Médico Rural de primer nivel o alguno de sus 80 hospitales de segundo nivel. Las localidades restantes atienden sus necesidades con el auxilio de los voluntarios rurales de salud. Son, como consignó la doctora Lara, casi 16 mil, que en los pasados 18 años apenas recibieron capacitación. Ellos atienden intervenciones sanitarias de baja complejidad. Pero carecen de las facultades, entrenamiento y equipo mínimo para hacer frente a una pandemia.

Los trabajadores de varias entidades del programa externan serias inquietudes sobre algunas decisiones que sus autoridades podrían estar evaluando para enfrentar el Covid-19. Ellos mencionan una videoconferencia para activar el Plan de Intervención Covid-19 (celebrada el 30 de marzo 2020) en la que esas autoridades ordenan que los voluntarios rurales de salud hagan búsquedas intencionadas de sospechosos o enfermos, casa por casa, dentro de las localidades bajo su responsabilidad. Según ese plan, cada uno de los 80 promotores (presentes en los 80 hospitales rurales) deberían gestionar –con sus respectivas presidencias municipales– una carpa para improvisar, con ella, una sala de espera en la calle y, desde ahí, contener los posibles casos detectados por los voluntarios rurales de salud, para posteriormente, ser revisados en urgencias hospitalarias.

Ocurre, también, que la canti-dad de 15 mil 775 voluntarios rurales de salud no es estática. Porque al movilizarse en cada localidad, ellos activarán un determinado número de promotoras de salud y amas de casa que, consuetudinariamente, participan en sus callesy barrios controlando –cada una– al menos 13 familias.

Además, quienes operan desde abajo el programa indican que él debe su éxito mucho más a la dinámica que despliegan las comunidades que por el estilo decisorio de sus autoridades y responsables sexenales. Y que las presuntas órdenes recibidas podrían contradecir la Jornada Nacional de Sana Distancia, recomendada por las autoridades sanitarias federales. A decir de los operadores, se podría estar ordenando a los voluntarios rurales de salud salir a identificar posibles casos. Pero, lógicamente, se preguntan: y, si alguno de ellos se contagia ¿quién resulta responsable? ¿Dónde quedarían las garantías de su derecho a la salud? Y concluyen: “con esas acciones no se estaría aplicando una epidemiología simplificada. En suma: se podría estar enviando un valioso recurso humano a posibles contagios directos.

El problema de fondo consiste en que, con esas presuntas órdenes, las autoridades del programa podrían estar transmitiendo un mensaje que desborda las tareas cotidianas de promoción de la salud, y que además no corresponden a la estrategia federal para enfrentar el Covid-19.

Lamentablemente, respecto a esta singular manera de tomar decisiones, el PIB cuenta con un antecedente no precisamente ejemplar. Se trata de aquella estrategia –implementada durante el calderonismo– para obligar a las comunidades a hacerse cargo –ellas mismas– de embarazos y partos. Así, las y los voluntarios rurales de salud recorrían –casa por casa– levantando censo de embarazos, para, luego conducir a las mujeres hasta donde recibirían atención de sus partos, lo cual ciertamente, distaría mucho de tener las características deseables tal y como lo constató el Informe sobre Violencia Obstétrica (Inegi, 2017).

Hoy, de confirmarse las ya referidas órdenes, no se buscarían embarazadas, sino eventualmente personas sospechosas o enfermos, para evitar la propagación del Covid-19, a pesar de que la estrategia federal es precisa: quédese en casa.

En el contexto del modelo de atención Insabi (SSA, 2019 “APS-I Mx: la propuesta metodológica y operativa“), la 4T debe urgentemente transparentar el PIB, caracterizado, durante el entero periodo neoliberal (1982-2018), por una singular estructura de mandos decisorios que no siempre obró en favor de fortalecer el concepto de salud que le dio origen: Salud para Todos: la icónica declaración de Alma Ata, de la Organización Mundial de la Salud (1978). Consúltese al respecto: Sánchez, Leal, Escobar y León (2020). IMSS-Bienestar. 40 Años. Visiones operativas: ¿más salud o más medicalización?, por aparecer.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco