Buenos Aires. La justicia y el ejército argentino reaccionaron ante las amenazas del teniente coronel retirado Alberto Aquilino Ortega emitidas en un video que hizo circular por redes sociales, quien además de instar a sus camaradas a salir a las calles y rebelarse contra lo que calificó de gobierno estatista, totalitario, comunista, maoísta, subversivo, hijo de remil putas, y por el insulto con ferocidad al presidente Alberto Férnadez por haber impuesto la cuarentena para contener la pandemia del Covid –19.

Los términos empleados por Ortega dieron cuenta de una extrema violencia y de su llamada también a incitar a la población a una rebelión, al agitar fantasmas del pasado en este país, que vivió varias dictaduras; la última de 1976 a1983, la más cruenta en la historia nacional.

Hubo reacciones de distintos sectores. La justicia, representada por los fiscales Claudio Palacín y Claudio Kishimoto, lo acusó de intimación pública, instigación a cometer delitos, encuadrado en este caso por atentar contra la salud pública, desobediencia, atentado al orden constitucional y a la vida democrática y sedición.

También hicieron constar que al integrar las fuerzas armadas pretendió formalizar un movimiento organizado de personas que disponen de armas, para alcanzar algunos de los graves objetivos que el tipo penal agrupa como elementos subjetivos de la figura agravado por el contexto de emergencia.

El ejército denunció la extrema violencia del militar y la divulgación pública de un mensaje de esta naturaleza en momentos en que esta institución colabora con el gobierno en esta crisis movilizando camiones, cocinas para proveer comida en barrios castigados por la pobreza, y con el armado de hospitales en instalaciones públicas, ante la posibilidad de que se agrave la pandemia.

El militar se negó a declarar ante el juez federal Carlos Vera Barros, quien ordenó allanar su domicilio después de acusarlo de violar varios artículos del código penal.