El paro laboral en el Poder Judicial de la Federación (PJF) por la pandemia del Covid-19 ha ocasionado daños en la protección de derechos humanos para muchas personas, pues los pocos juzgados que permanecen de guardia actúan con criterios limitados para otorgar amparos y suspensiones.

Abogados independientes y representantes legales de asociaciones civiles señalaron que por esta situación no se resuelven juicios sobre custodia de menores, liberación de personas encarceladas o incluso gente afectada por el coronavirus.

Alex Alí Méndez Díaz, director de litigio de México Igualitario, explicó la situación: Lo que ha sucedido es que básicamente los juicios que habíamos iniciado o que se encuentran en trámite, incluso algunos que ya estaban en espera de sentencia, están suspendidos, esto implica que las violaciones a derechos humanos que se habían denunciado continúan debido a la suspensión de labores por parte del PJF.

Sostuvo que ya existen soluciones tecnológicas disponibles, como el juicio en línea; sin embargo, no son utilizadas a toda su capacidad para remediar la falta de acceso a la justicia por el paro.

El pasado 3 de abril, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) autorizó el uso de videoconferencias para desahogar audiencias, pero sólo para asuntos urgentes, fundamentalmente para casos penales relacionados con órdenes de aprehensión y libertad, así como el control de detención.

Para Méndez Díaz este esquema debería ampliarse para otro tipo de juicios, sobre todo por la importancia que tiene el de amparo; no son juicios ordinarios, detrás de esto hay personas que están siendo afectadas por sus derechos y si la justicia llega tarde, pues ya no es justicia.

El paro de actividades en el PJF supone dejar a algunos juzgados de guardia donde se pueden presentar solicitudes de amparo y conseguir suspensiones. Sin embargo, los abogados entrevistados sostienen que los jueces y secretarios encargados aplican criterios estrechos en sus decisiones.

Valdemar Martínez, quien llevó el caso de la pareja mexicana varada en Sudáfrica por el cierre de fronteras, dijo que al acudir a presentar el amparo tuvo que esperar tres horas para ser atendido y que en ese periodo habló con seis colegas cuyas solicitudes de suspensión fueron desechadas.

Entre ellas había la de una funeraria a la que le clausuraron el crematorio, por lo que pidió un amparo para reabrirlo para las víctimas mortales de la pandemia, pero el juez consideró que no se trataba de un caso urgente y negó la suspensión provisional.

El problema, señaló Martínez, no es la falta de juzgados de guardia, sino que el CFJ no delimitó exactamente qué debe entenderse por un caso de urgencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que reiniciará sesiones vía remota el 20 de abril.