espués de varios días de intensas y tensas negociaciones, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otras naciones productoras, entre ellas México, lograron un acuerdo para reducir la extracción y comercialización de hidrocarburos en 9 millones 700 mil barriles diarios –aunque la propuesta inicial era recortar la producción 10 millones de barriles– a partir de mayo próximo, como una medida para enfrentar y contrarrestar la aguda caída en las cotizaciones internacionales del energético –que ha llegado a su nivel más bajo en varias décadas–, derivada del frenazo económico asociado a la pandemia de Covid-19.
Con el telón de fondo de un desacuerdo entre las potencias petroleras Rusia y Arabia Saudita, algunos de los gobiernos integrantes de la OPEP pretendían que México redujera 400 mil barriles diarios de su producción –23 por ciento– y ante esa insistente condición, el jueves pasado la secretaria de Energía, Rocío Nahle, abandonó la reunión, lo que provocó un impasse y llevó las tensiones a un punto máximo. Finalmente, ayer los representantes de las otras naciones productoras aceptaron una propuesta previamente pactada entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Donald Trump, para que nuestro país recortara su producción en sólo 100 mil barriles y Washington se comprometió a una reducción adicional de 250 mil.
La razón mexicana para resistirse a un corte drástico a su generación petrolera es evidente: desde diciembre de 2018 el país está empeñado en el rescate del sector energético que pasa por elevar esa extracción, reconfigurar las refinerías y repotenciar la producción nacional de combustibles. De manera adicional, la Cuarta Transformación se ha propuesto recuperar la soberanía energética, especialmente en materia de gasolinas para el abasto del mercado interno, dependiente en cerca de la mitad de las importaciones. En tales circunstancias, un brusco recorte de la producción no sólo descarrilaría los planes de incrementarla, sino que alteraría la capacidad de proveer a sus propias refinerías de materia prima.
Así pues, a pesar de las acres críticas de funcionarios, medios del sector petrolero internacional, así como de opositores y comentaristas locales, la firmeza de Nahle y la postura del gobierno mexicano desembocaron en el acuerdo positivo que fue saludado por los integrantes de la organización de productores y que da margen para proseguir el programa de recuperación de la industria nacional de hidrocarburos.
Ciertamente, es deseable y necesario que las autoridades expliquen los términos del acuerdo por el cual Estados Unidos se allanó a absorber una parte del recorte en la producción que se pedía a México y lo que implica para nuestro país en términos de retribución a la nación vecina, pero, en lo inmediato, cabe felicitarse por la consecución del convenio de recortes y esperar que esta acción contribuya en forma significativa a la mejora de las cotizaciones internacionales.
