La desaparición de los fideicomisos en las áreas de cultura y educación, prevista en el decreto presidencial del pasado 2 de abril, hará que México regrese a los años 50 o 60 del siglo pasado, cuando los proyectos artísticos y culturales estaban sujetos a la coyuntura, al corto plazo, y se olvidaba que se trata de actividades públicas que no se deben relacionar con una gestión en particular, sino ser transexenales, dice el ex procurador fiscal de la Federación Gabriel Reyes Orona.

En entrevista con La Jornada, considera que el grave problema en esos sectores es que aparentemente siempre se pueden dejar para después. El gobierno federal consideró a la cultura y la educación lo menos importante en las contingencias de 1976, 1982, 1987, 1994, 2002 y 2009, y siempre tomó recursos de ahí. Los fideicomisos lo habían evitado.

Según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), los montos de algunos de estos fideicomisos en el área de cultura varían desde algunos centavos o un par de millones de pesos, hasta el máximo con 187 millones de pesos con los que cuenta el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca).

La suma de estos recursos es ínfima en comparación al total que el gobierno federal espera recaudar con la extinción de los instrumentos: unos 250 mil millones de pesos, los cuales serían adquiridos por la Tesorería de la Federación a más tardar el miércoles 15 de abril.

Mecanismos de certidumbre

El ex director del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, Héctor Juan Villarreal Páez, describe a los instrumentos específicos para cultura como pequeños, en los estándares del gobierno federal mexicano.

El del Fonca no llega a 200 millones, y hay cierta ironía, porque por su tamaño no justifican una estructura administrativa. La perversión endógena del sistema es que como no la tienen alguien puede decir que son opacos, comenta.

Probablemente, extinguir los fideicomisos, continúa, ya lo tenían en la mira. Quiero pensar que había la intención de hacerlo con más cuidado, pero se vino el problema de la crisis sanitario-financiera y la obsesión del Presidente por no endeudarse. Muchos (fideicomisos) están en cultura, ciencia y en educación. La medida deja muy mal sabor de boca.

Gabriel Reyes Orona sostiene que los fideicomisos tienen un propósito: evitar que las actividades, en este caso las culturales, estén sujetas a coyunturas. No son para ocultar y para robar, son mecanismos de certidumbre para poder programar actividades a medio y largo plazo.

El Fonca es el ejemplo, pues en la medida en que tenga seguridad sobre los recursos públicos va a poder armar programas de mediana y larga realización, de lo contrario las actividades van a ser totalmente coyunturales y dentro de un año.

En la PNT se informa que hasta el 31 de diciembre pasado, el Fonca contaba con patrimonio fideicometido de 187 millones 139 mil 709.22 pesos, que le produjeron un rendimiento anual de poco más de 18 millones 282 mil pesos. Además, ese mandato recibió en 2019 la suma de 565 millones 579 mil 105 pesos en aportaciones federales.

Como ha reportado La Jornada, promotores, artistas, intelectuales, gestores, empresarios de las artes y las industrias creativas, trabajadores y profesionistas independientes del sector, así como ciudadanos, han exhortado al presidente López Obrador a que exima a la Secretaría de Cultura federal del decreto que extingue todos los fideicomisos y mandatos federales.

Tienen objetivos sociales

El problema en el manejo de esos recursos, como en el resto de los fideicomisos, es que quienes estén encargados del vehículo lo hagan de manera responsable. Todos tienen una finalidad pública, un objetivo de naturaleza social, insiste Reyes Orona.

Tales objetivos y programas, agrega, eran designados por otros gobiernos. Como el actual gobierno tiene otros objetivos y otros sectores de atención prioritaria, quiere desaparecer esto. Esa actitud no va a llevar a nada bueno, porque entonces cada gobierno va a matar los fideicomisos que pertenecían a otras administraciones.

Reyes Orona rechaza que se diga que “los fideicomisos son opacos o están mal administrados, cuando hace más de un año los administra el nuevo gobierno. Derruir este sistema institucional de administración de recursos públicos es debido a una absoluta necesidad de liquidez.

¿Dónde está la malversación o el uso faccioso y ocultamiento de recursos públicos en estudio de la Revolución Mexicana, la antropología e historia, o en un archivo cinematográfico? En ningún lado.

Según datos de la PNT, el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural Antropológico, Arqueológico e Histórico de México (Fideinah) comenzó en 2019 con 328 millones 570 mil 713. Al concluir el año, tuvo casi 31 millones menos. Además, anotan la existencia de compromisos de pago de proyectos y honorarios fiduciarios por 297 millones 486 mil 233.87.

A inicios de 2018 este instrumento contaba con una cifra de más de 416 millones de pesos y una deuda de 141 millones.

Según el mismo sistema de información federal, el instrumento Mandato Antiguo Colegio de San Ildefonso tiene un monto de 2 millones 320 mil 240. En tanto, el Fideicomiso para Apoyar la Construcción del Centro Nacional de las Artes, a diciembre de 2019 contaba con 3 millones 734 mil 46.09 pesos.

Reyes Orona afirma que “el próximo miércoles, como está todo mundo encerrado y nadie va a defender los fideicomisos, todo el dinero se va a ir a la Tesorería.

Los fideicomisos tienen una finalidad loable, respetable y plausible y no deberían desaparecer, pero está prevaleciendo la urgencia de cubrir el gasto corriente, concluyó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo desde el inicio de su gestión que los apoyos que brinde su gobierno se entregarán de manera directa. Así, los fideicomisos son considerados intermediarios entre los destinatarios y su administración. La emergencia sanitaria le ha dado la oportunidad de deshacerse de concluir esos instrumentos financieros, según fuentes consultadas.