ebemos rechazar que el reduccionismo y la polarización infecten nuestros intercambios. Evitar que la salud pública sea campo de batalla de las disputas por el poder, lo peor que puede ocurrirle a una práctica del Estado moderno que, por decisiva, requiere de altos niveles de consenso y comprensión por parte de las fuerzas políticas y sociales, el mundo de la academia, la investigación especializada y la propia opinión pública, ahora marcada y, en no pocas ocasiones, minada por las redes sociales. Al haber incurrido en estos excesos, el Estado, el gobierno y los partidos, pero también varios medios de comunicación, han puesto en alto riesgo a la salud pública y abierto el espacio para malhadadas incursiones, interesadas en corroer el propio valor de la política y sus instituciones.

Tal ha sido el caso de la embestida contra el doctor López Gatell, no la crítica, que siempre es necesaria y estoy seguro de que será bienvenida por el subsecretario, sino la descalificación de su trabajo, sus presentaciones y hasta su verbo. Todo esto resultaría grotesco de no ser porque el médico tiene bajo su responsabilidad el comando de la política estatal contra la pandemia.

Por lo que toca a la política económica podríamos tratar de entender el litigio apegándonos a la evidencia existente. Ésta, dice que al convertirse el Covid-19 en un asunto mayor de salud pública que afecta a toda la sociedad, exige políticas de gran calado. Al hacer de la salud, la protección y el cuidado de los afectados, una prioridad absoluta de la sociedad y del Estado, se asume sin cortapisas la legitimidad de medidas que la autoridad responsable se sienta obligada a adoptar. Tal es el caso del encierro, única opción conocida y aceptada universalmente para abatir las tendencias al contagio masivo y evitar, en lo posible, el colapso del sistema de salud.

El hecho es que el encierro masivo necesariamente afecta la organización económica, productiva y laboral e impone un freno a las actividades económicas, para por esa vía evitar en lo posible el contagio entre los trabajadores. La cuestión es que para lograr esto es inevitable cerrar empresas de todo tamaño y poner en peligro los ingresos de las empresas y los trabajadores, lo que puede desatar una espiral incontrolable en el conjunto de la economía, sin importar si sus componentes están o no involucrados en las operaciones de salud pública destinadas a atenuar la infección. Las consecuencias están a la vista. En primer término, la (re)aparición del desempleo abierto. Luego, la irrupción de una crisis económica propiamente dicha, en la que la caída de la demanda y el consumo, fruto del encierro, se empareja con la baja en la oferta, al romperse las cadenas de producción final e intermedia y acrecentar así el declive original de la demanda interna. En esas estamos y las cifras de desempleo y las noticias de negocios cerrados son contundentes.

Nuestras conclusiones deberían ser igual de simples y lineales, pero no lo han sido. Si la prioridad indiscutible es detener y enfrentar al virus, curar al mayor número posible de enfermos, proteger a los más débiles y vulnerables, la medida universalmente aceptada es el encierro del que, sin remedio, hay que repetir, emanan fuerzas contrarias al desempeño económico debido a la cancelación o posposición de actividades, de donde siguen el desempleo, la caída de la demanda y del consumo. En las pequeñas y medianas, pero también en las grandes y súper grandes algunas de las cuales son estratégicas para el país en su conjunto. De no parar esta espiral nefasta, podemos pasar del obligado receso al estancamiento generalizado y la depresión abierta.

En este tema, a diferencia de la falta de conocimientos a la mano para atajar al nuevo virus, sí podemos acudir a vacunas conocidas y, por ejemplo, abocarnos a gastar ya para subsidiar el empleo, apoyar el consumo de los más endebles y evitar quiebras generalizadas de pequeños y medianos negocios, donde se gesta buena parte de la ocupación remunerada y sobrevive la población económicamente activa realmente existente, la que primero debe defenderse. No puede haber peticiones de principio ni dogmas disfrazados de conocimiento doméstico o histórico. No hay rescate a la vista, pero tendrá que haberlo si no se actúa ahora contra el receso y su secuela. No hay Fobaproa ni tiene por qué haberlo, pero tampoco podemos ver caer el sistema financiero con que contamos, a pesar de sus abusos y arrogancia.

El dilema no es preguntar(se) de dónde sacar los recursos, sino cómo usarlos rápido y bien. Hacer sonar la caja del Estado para dispersar recursos, financiar empresas, cubrir pequeños negocios, apoyar total o parcialmente los compromisos empresariales con la conservación del empleo. Por aquí pasa también, necesariamente, nuestra opción prioritaria por los pobres que también son trabajadores, muchos de ellos subordinados y formales.

Los virus y sus pandemias son enemigos letales, pero detrás de ellos puede venir un bicho peor: el razonavirus que nos impide pensar bien; que nos inocula fetiches y nos hace esclavos de prejuicios.

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