os partidos políticos nacionales están virtualmente borrados del escenario público relacionado con el Covid-19. Por Morena habla y decide el Presidente de la República, no sólo por sistema, sino porque actualmente es inestable el liderazgo de ese partido presuntamente en el poder: Yeidckol Polevnsky sobrelleva en virtual silencio la derrota que le causó el círculo más cerrado del obradorismo, mientras Alfonso Ramírez Cuéllar ejerce con discreción el papel de presidente interino que pronto debería convocar a elecciones internas, con Bertha Luján Uranga (BerLU) colocada aún como la aspirante más mencionada para el relevo formal.

Los partidos aliados a Morena o, más específicamente, a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), son satélites políticos. Y la oposición partidista sólo hace pronunciamientos con escasa base social y sin consecuencias importantes: son las cúpulas empresariales, en todo caso, las verdaderas instancias de confrontación de las políticas andresinas.

A sus cuitas irresueltas en lo que va del sexenio, los partidos opositores añaden la presión desde Palacio Nacional para que cedan la mitad de su presupuesto de este año para destinarlo a los gastos que está generando la atención del Covid-19 en México. Morena, obviamente, ha contestado positivamente: con López Obrador en absoluto control, hasta ahora, en el manejo informativo y de la agenda pública de discusiones y con un ejército de Servidores de la Nación que al mando de superdelegados estatales garantizan resultados electorales, Morena y su presupuesto son relativamente prescindibles, tal vez hasta estorbosos para el pluripartidismo centralizado que revolotea como estrategia en Palacio Nacional, a partir de la irrupción de nuevos partidos dispuestos a caminar de la mano de AMLO, salvo uno que otro, como el calderonista México Libre, si logra que le concedan el registro.

Hasta ahora, además de Morena, sólo ha habido respuesta de la bancada del satelital Partido Encuentro Social (que perdió su registro en 2018, pero mantiene fracciones legislativas con todas sus prerrogativas y ya está puesto para resurgir, cambiando el social por solidario). Los demás han puesto condiciones o han intentado subterfugios. Saben que, sin dinero público para su operación, tendrán menor grado de oportunidad de triunfar electoralmente en 2021.

Aunque, claro, siempre habrá la posibilidad de financiamientos externos, indocumentables y de difícil fiscalización como, por ejemplo, los que podrían suministrar ciertos empresarios deseosos de cambiar el mapa político nacional (de cuello blanco y también de los otros, los relacionados con el negocio criminal explícito, como el narcotráfico).

Así como al anunciar la nacionalización de la banca en su último informe de gobierno José López Portillo propició involuntariamente la irrupción de un grupo de empresarios de todo el país en el PAN para pelear el poder (Manuel J. Clouthier, Fox, Barrio Terrazas, entre muchos otros; corriente a la que se denominó los bárbaros del norte), ahora el fuerte diferendo entre élites empresariales y el presidente López Obrador podría abrir la puerta a la participación política y electoral de representantes del empresariado inconforme.

De la videoconferencia que sostuvo con empresarios y dirigentes de organismos sociales de todo el país, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) podría ya tener material para ir elaborando la lista de aspirantes a cargos de elección popular en 2021. Ahora ni siquiera habría que violentar la historia doctrinal de Acción Nacional, como lo hicieron aquellos bárbaros del norte: el mismo partido de blanco y azul, lo que queda del de la Revolución Democrática, el remolón Movimiento Ciudadano y otras organizaciones están ansiosas de regio financiamiento, candidatos viables (con dinero para campañas) y un proyecto de supervivencia política. Otros inversionistas, oscuros, de cárteles que se sientan desplazados, también podrían sumar capitales. Follow the money. ¡Hasta mañana!

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