Aunque han habido algunos avances legales importantes en años recientes, la situación del respeto a las garantías individuales en México sigue siendo de especial preocupación, debido a aspectos como los elevados números de desapariciones y homicidios, sin que haya una debida investigación, así como la violencia en contra de sectores vulnerables.

Esto lo indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe Anual 2019, en el cual señaló que uno de los principales retos del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo con la realidad que experimentan un gran número de habitantes.

En el capítulo 5 del estudio, dedicado a analizar el nivel de cumplimiento de los diferentes Estados del continente a las recomendaciones que les ha dirigido, el organismo regional destacó que en la visita realizada a México en 2015 y el seguimiento llevado a cabo en años posteriores, pudo constatar que en el país hay niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a víctimas y familiares.

Asimismo, y sin perjuicio de los avances logrados, en particular en el terreno normativo, la CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país, en relación con su acceso a la justicia, la prevención del delito y otras iniciativas gubernamentales.

Por tal razón, el organismo subrayó que el gran desafío del Estado mexicano radica en romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos.

Uno de los ejes temáticos en los que la CIDH dividió su análisis es el de seguridad ciudadana, en el cual señaló que ha recomendado a México un plan para retirar a las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública. Con respecto a ese tema, la Comisión resaltó la creación de la Guardia Nacional, y dijo que si bien normativamente es una entidad civil, se compone de personal, estructura y mando militar.

Por otra parte, señaló que ha seguido recibiendo denuncias preocupantes sobre diversos casos de asesinatos y desapariciones que no han sido esclarecidos ni los responsables llevados ante la justicia, como parte de un escenario general de violencia en el cual resultan especialmente vulnerables grupos como mujeres, migrantes, indígenas y colectivos de la diversidad sexual.

Por todo ello, la CIDH consideró que el Estado mexicano ha incumplido o sólo ha cumplido parcialmente las recomendaciones que le envió tras su visita in loco (de campo) de 2015.