En el momento de concretar su entrega en las oficinas de la policía estatal en la ciudad de Oaxaca ayer por la mañana, Juan Antonio Vera Carrizal, presunto agresor de la joven María Elena Ríos, negó los hechos por los que se le buscó sin éxito durante ocho meses: haber organizado y financiado un ataque con ácido sulfúrico que desfiguró gravemente a la víctima.

Ana Katiria Suárez, abogada de Malena, la saxofonista cuyo caso se ha convertido en una causa emblemática contra la violencia de género, opina que pudiera tratarse de una entrega con un pacto armado previamente para no ser vinculado a proceso. El presunto agresor está acusado de tentativa de homicidio.

La penalista expresó, como defensora y como ciudadana, su preocupación y temor de que a partir del beneficio que la ley otorga al acusado de contar con 144 horas (seis días) para presentar las pruebas a su favor, el juez resuelva no vincularlo a proceso y dejarlo en libertad. Esto sería un retroceso en la causa de la justicia para mujeres víctimas de agresión, ya que daría más peso a sus dichos que a todas las evidencias que hemos presentado como defensa para probar su responsabilidad.

Agregó que a partir de ahora “tenemos que poner atención prioritaria a la actuación del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Eduardo Pinacho Sánchez, quien tiene en sus manos vincular o no a proceso al acusado.

Hay confesión de responsables directos

Señalados como ejecutores materiales del caso fueron detenidos hace tres meses Rubicel N, quien confesó haber arrojado el líquido corrosivo contra la joven, y Ponciano N, su padre, quien vigiló la puerta de la casa de María Elena mientras se perpetraba la agresión.

Varios mensajes en los teléfonos celulares de ambos sujetos, confiscados por la policía estatal, confirman los hechos. Ellos aseguraron en sus declaraciones ministeriales que la orden la dio su patrón, Vera Carrizal, porque pretendía darle un escarmiento a la joven, con quien había tenido una relación sentimental que ella quería terminar.

La semana pasada fue detenido otro presunto cómplice, empleado del empresario hasta ayer prófugo, Rubén Loaeza Chárrez, quien confesó haber intervenido en la conspiración del atentado y haber entregado el dinero a los perpetradores, pero alega que no fue Vera Carrizal quien ordenó el ataque, sino una tercera persona a quien sólo nombró por su alias: El Chanclas.

Es muy poco probable que un delincuente se entregue a la justicia sin contar con una estrategia de defensa amarrada previamente con las autoridades. Y el contexto lo favorece: la Semana Santa y la crisis del coronavirus facilitarían que el escándalo de una liberación, el peor escenario posible, se diluirá rápidamente.

Falta por cumplir otra orden de aprehensión contra el hijo de Vera, Antonio Vera Hernández, también señalado como cómplice.