Madrid. De domingo a lunes murieron 637 personas por el Covid-19 en España, la cifra más baja en los pasados días, lo que según el Ministerio de Sanidad podría marcar una tendencia a la baja de los estragos de la pandemia.

A pesar de todo, el balance sigue siendo una catástrofe: 13 mil 55 fallecidos y más de 135 mil infectados. El discurso optimista del gobierno del socialista Pedro Sánchez contrastó con las denuncias de diversos sectores, como los funerarios, responsables de asilos de ancianos y de numerosos familiares, que hablan de manipulación de las cifras a la baja.

Cuando un anciano muere en un asilo sin haber recibido atención médica previa o sin que se le haya realizado una prueba diagnóstica del Covid-19, su deceso se registra como muerte por otras causas.

Así ocurre con otros muchos enfermos, que si tenían una dolencia previa y finalmente fallecen a raíz de que el coronavirus precipitó su deterioro, tampoco se registra su deceso como consecuencia de la pandemia.

En la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, gobernada también por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la denuncia llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia, donde se abrieron diligencias para investigar las causas de por qué hay una diferencia tan grande entre las licencias de enterramientos expedidas por las autoridades y que tienen como motivo del deceso el Covid-19, que en total suman mil 921, con los datos que difunde a los medios de comunicación y la opinión pública el Ministerio de Sanidad, que sólo registró 708 personas. Una diferencia de mil 213 fallecidos.

Denuncias similares se han hecho en Cataluña y Madrid, sobre todo de familiares de ancianos que murieron en asilos.

Otra cuestión que preocupa cada día más es el personal sanitario infectado con el virus, que ya superó las 20 mil personas y que, según agrupaciones de profesionales de ese sector, se debe a que carecen de los recursos básicos para su protección personal, como mascarillas, guantes y batas protectoras.

También denuncian que en las primeras tres semanas de la crisis, desde el gobierno se exigió al personal que había tenido síntomas leves del virus que se reincorporara a los siete días al trabajo, con lo que se teme de que ellos mismos, al ser todavía portadores del virus, hayan propagado aún más la enfermedad tanto entre los sanitarios como entre la ciudadanía.