or ‘financiarización de la naturaleza’ se entiende el proceso por el cual el capital especulativo toma el control de los bienes y componentes de la naturaleza y los comercializa por medio de certificados, créditos, acciones, bonos, etcétera, con el fin de obtener las mayores ganancias posibles gracias a la especulación financiera” (Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, WRM, por sus siglas en inglés, 2020). La pregunta es si ¿esto se está proponiendo en el llamado Proyecto de Desarrollo Tren Maya? Es decir, ¿en el sureste se plantea la financiarización de la naturaleza en el territorio maya? Con el instrumentos financiero Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRA) Tren Maya, la respuesta es que sí. Veamos cómo.

Ante la crisis mundial por el Covid-19, que agudizará exponencialmente la crisis económica, que ya desde antes de la pandemia era inminente (en 2019, 90 por ciento de las economías ya estaban en desaceleración –FMI, 2019–), el Presidente de México ha sido enfático al expresar que el Tren Maya ayudará a reactivar la economía, debido a que generará miles de empleos. Me parece que de inicio estas intensiones “keynesianas" (generación de empleos con gasto público) son para aplaudirse.

Sin embargo, debido a que la propuesta del financiamiento del proyecto tendrá varios orígenes, el problema no está en los miles de empleos temporales que se pudieran crear con la construcción de las vías del tren que serán financiadas con recursos públicos, sino en las estaciones, los desarrollos urbanos y los polos de desarrollo que serán financiados con más de 90 por ciento de capital privado (Jiménez Pons, 2020), mediante el FIBRA Tren Maya. Es decir, la edificación de las estaciones y las inversiones posteriores, porque esto sí será permanente, estará a cargo de los inversionistas especulativos del mercado inmobiliario. Este será el negocio permanente, y es allí donde el capital especulativo tomará el control de los bienes de la naturaleza y los comercializará. Aquí iniciará el proceso de la financiarización de la naturaleza.

Lo primero, y más delicado desde el punto de vista social, ambiental y cultural, que está incluido en este negocio es la tierra de los ejidatarios y pequeños propietarios que habitan la zona maya, porque es sobre éstas que se edificarán las estaciones, los desarrollos urbanos y los polos de desarrollo (ahora nombrados comunidades sustentables, a sugerencia, dice Jiménez Pons –2020–, de los ambientalistas). Aproximadamente, serán afectados cuatro ejidos en Chiapas, 13 en Tabasco, 70 en Campeche, 50 en Yucatán, 33 en Quintana Roo. Sin embargo, no está demás señalar que de acuerdo con el pasado censo ejidal, 97 por ciento de los ejidos en Chiapas realizan actividad agrícola y 73 por ciento ganadera; en Tabasco 87 por ciento tiene actividad agrícola y 95 por ciento ganadera; en Campeche 96 por ciento tiene actividad agrícola y 93 por ciento ganadera; en Yucatán 92 por ciento cuenta con actividad agrícola y 80 por ciento ganadera; y en Quintana Roo, 96 por ciento de los ejidos tiene actividad agrícola y 85 por ciento ganadera (Inegi, 2007). Aunado a esto, no olvidemos la importancia de la milpa (que proporciona seguridad alimentaria sostenible en estos estados), realizada por 88 por ciento de los productores agrícolas de Yucatán, 81 por ciento en Quintana Roo y 39 por ciento en Campeche (Alianza M-REDD+, 2016). Esto evidencia la importancia de estos actores, pese al abandono deliberado hacia el campo mexicano. No obstante, la propuesta es que los ejidatarios y pequeños propietarios, a cambio de ceder sus tierras a un FIBRA, recibirán un certificado bursátil fiduciarios inmobiliarios, que les proporcionará una renta que derivará del mundo financiero. Es decir, como señala uno de los principales expertos en los FIBRAS indica en entrevista que hay que entender que esto no es una garantía, no es un Cete, no es un bono de gobierno (que incluso esos tienen riesgo), esto es un negocio de los inversionistas especulativos del mercado inmobiliario (Castañares, 2020). Aunado a esto, este especialista, indica que las minusvalías y pérdidas, que se pudieran derivar de una situación de crisis financiera (como lo estamos viviendo actualmente y como lo hemos vivido en otros momentos, ver el libro Nueva historia de las grandes crisis financieras, Marichal, 2010), los ejidatarios las vivirían de una manera más intensa, ya que ellos sólo recibirían la parte proporcional de la tierras aportadas (en comparación con las edificaciones que se construyan sobre las tierras ejidales).

Ante esto, el argumento de la generación de empleos mediante la inversión pública, podría ser muy buena, pero por qué entregar las tierras (diciéndole a los ejidatarios que serán socios) a los inversionistas especulativos quienes sólo buscan la rentabilidad que se transforma en ganancia. Por qué aceptar la financiarización, que significa la expansión sin precedentes de las actividades financieras (Lapavitsas, 2016), pero ahora, sobre la naturaleza del mundo maya. Los miles de empleos (y el Covid-19) serán temporales, pero se le habrá abierto la puerta al capital especulativo, quizá para siempre.

*Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Autora del libro Mineria mexicana en el capitalismo del siglo XXI