Irapuato, Gto., El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) está exigiendo a los verificadores de Guanajuato que firmen su renuncia porque fueron contratados para realizar el Censo Nacional de Población y Vivienda, pero éste fue suspendido por la contingencia sanitaria generada por el Coronavirus (Covid-19).

El 30 de marzo, el personal de confianza de la institución comenzó a recoger mochilas, uniformes, dispositivos electrónicos, credenciales, cuestionarios y etiquetas a los encuestadores, argumentando que era por su seguridad.

Toda la semana, los verificadores acudieron a las oficinas a reportarse, pero el viernes la coordinadora de Verificación de Zona –que comprende los municipios de Pénjamo, Irapuato, Romita, Manuel Doblado, Cuerámaro y Silao–, Lulú Cano Tafolla, les exigió su renuncia.

En el oficio 1318,5/655/2020, con fecha 3 de abril, el coordinador estatal del Inegi, Jorge Humberto Dueñas Acuña, informó a estos trabajadores de la conclusión de sus trabajos, a pesar que en el mismo documento refiere que fueron designados en el cargo del 21 de marzo al 17 de abril.

El oficio tiene un formato y se les informa que de acuerdo con el artículo 46, fracción II de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado el nombramiento de los encuestadores deja de surtir efectos, sin responsabilidad para los titulares de los órganos por la causa consistente en la conclusión de la obra determinante de la designación.

El funcionario federal señala que se le solicita la entrega de todo el material que haya recibido para el desempeño de sus labores.

Se giró copia del oficio al coordinador General de Operación Regional, Óscar Gasca Brito; a la directora Regional Centro Norte, Ana María Ruiz Esparza, y al subdirector estatal de Administración, José de Jesús Muñoz Gutiérrez.

Con el título Acta de Entrega, el oficio señala que entregarán materiales, que está terminada la relación laboral y asimismo, declaro que el Inegi no me adeuda a la fecha ninguna cantidad o prestación, siendo todo lo que tengo que declarar.

Ante unos 20 trabajadores, Lulú Cano Tafolla nos exigió que firmáramos la renuncia y que lo que se debe sería pagado en la próxima quincena, no quisimos firmar porque señalan que no se nos debe nada, comentó Stephanie Cecilia López.

Agregó que el Inegi adeuda hasta mil 600 pesos de gastos de campo y entre 2 mil y 4 mil pesos de salario por verificador.