Aunque la declaratoria de emergencia emitida por el gobierno no es clara y genera incertidumbre sore la manera en que deben actuar las empresas con sus trabajadores, aquellas que integran la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) acordaron que cumplirán con otorgar el salario íntegro de sus colaboradores; sin embargo, también dependerá de la capacidad de resistencia de cada compañía.

Según la Ley Federal del Trabajo, una declaración de contingencia sanitaria contempla la suspensión temporal de las relaciones laborales sólo con el pago del salario mínimo. No obstante, el gobierno añadió que la emergencia se da por fuerza mayor, lo que a decir de especialistas deja inviable el criterio de la percepción mínima.

Para Pablo Lezama, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, la redacción del decreto causa confusión y parece que la frase fuerza mayor está metida con calzador para evitar que los empleadores tengan la opción de pagar el salario mínimo. Además, el gobierno ha advertido que tomará medidas contra quienes lo hagan.

Aunque existe confusión en torno al decreto, Gabriel Aguirre, presidente del Comité de Política Pública de la Coparmex Ciudad de México, aseguró que a escala nacional las empresas asociadas al organismo han decidido apoyar a los trabajadores con el sueldo completo.

Hay dudas; creemos que el gobierno no ha querido declarar la emergencia como tal para que no se haga lo que dice la Ley Federal del Trabajo. En un amplio sentido de responsabilidad social, nosotros hemos acordado pagar los salarios completos, pero el problema es que la mayoría somos micro y pequeñas empresas, por tanto, sin un apoyo del gobierno será muy complicado, dijo el representante patronal.

La Coparmex tiene alrededor de 36 mil integrantes, cuyas empresas –en su mayoría pequeñas y medianas– son responsables de generar aproximadamente 30 por ciento del producto interno bruto nacional y de generar 4.8 millones de empleos formales.

Aunque es uno de los principales creadores de dichas fuentes laborales, sus empresas afiliadas cubren la cuarta parte del total del país, no todo el territorio. Ante esto, Lezama advirtió que habrá algunas que interpreten la declaratoria de manera distinta, por lo que no quedará más que patrones y trabajadores lleguen a acuerdos. En caso de que no sea así, la salida será acudir a una junta de conciliación y arbitraje que determine el monto de la indemnización, señaló.