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Acusado de actos de corrupción

Juez de control decidirá vinculación a proceso a ex subdirector de Pemex

Entregó recursos de manera ilegal a empresa que incumplió contrato para entregar 700 pipas

 
Periódico La Jornada
Miércoles 1º de abril de 2020, p. 19

Un juez de control con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, decidirá el próximo viernes si vincula a proceso a Luis Alberto Núñez Santander, ex subdirector de Operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusado de cometer actos de corrupción que permitieron la entrega de recursos de manera ilegal a una empresa extranjera que incumplió un contrato relacionado con la adquisición de 700 pipas para transportar combustible, en una operación que se había pactado en 2013, sin que a la fecha se haya dado cumplimiento al contrato. Mientras tanto permenecerá en prisión preventiva.

Durante la audiencia inicial el Ministerio Público Federal presentó ante un juez de control los elementos de prueba en los que se mencionó que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Núñez Santander cometió los delitos de ejercicio indebido del servicio público y uso indebido de atribuciones y facultades, al haber autorizado la entrega de más de ocho millones de pesos como anticipo de la operación pactada en un monto de 13 millones 148 mil 482 dólares con la empresa Ethan Gas Oil LLC.

El ex subdirector de Operaciones de Petróleos Mexicanos encabezó un proceso de licitación en el que presuntamente participaron tres empresas por invitación y el procedimiento estaba encaminado a la adquisición de 700 pipas para transporte de combustible, y finalmente el contrato se otorgó por adjudicación directa en 2013, pero por diversas razones se realizaron adecuaciones y memorandas de prórroga para el cumplimiento del acuerdo comercial entre el 24 de junio de 2014 y el 3 de noviembre de 2015.

La entrega de los recursos (como anticipo) se realizó el 15 de noviembre de 2013, y ese dinero tenía que haber sido dado 60 días antes de que la empresa cumpliera con la entrega de las unidades, sin embargo, señalaron funcionarios federales, se violó la normatividad que rige la contratación de bienes y servicios.