l enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, y el jefe de la diplomacia de Washington, Mike Pompeo, dieron a conocer ayer el plan de su país para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro e instalar en Caracas un régimen leal a Washington, denominado Marco para la transición democrática en Venezuela.

El documento publicado por The Wall Street Journal incluye la formación de un gobierno de coalición entre el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela y el abanico opositor, del cual quedarían excluidos tanto el actual mandatario como el autoproclamado presidente Juan Guaidó, a quien unos 50 países, encabezados por el mismo Estados Unidos, reconocen como titular legítimo del Ejecutivo.

Asimismo, el marco de Washington establece la plena restitución de poderes a la Asamblea Nacional, declarada en desacato por el Poder Judicial, y la integración de un nuevo órgano electoral, entre otras medidas.

Este nuevo dislate de la Casa Blanca de Donald Trump debe entenderse en dos sentidos. En primer lugar, constituye un acuse de recibo del fracaso de su estrategia para hacer de Guaidó una figura política creíble que suscitara la unidad de los opositores al chavismo y despertara un generalizado entusiasmo popular mediante el cual las maniobras golpistas urdidas por Washington recibieran un barniz de legitimidad. Por otra parte, es una renovación de los esfuerzos de la administración estadunidense para incitar a los altos mandos civiles y castrenses de Caracas a traicionar a su gobierno constituido a cambio del indulto por los cargos que se les han inventado o se les pudieran crear en el futuro.

En ambos sentidos, el plan presentado ayer complementa la agresión del pasado jueves, cuando los departamentos de Estado y de Justicia estadunidenses acusaron a Maduro de narcoterrorismo y ofrecieron 55 millones de dólares a quien provea información que lleve al arresto de cinco altos funcionarios venezolanos, incluido el jefe de Estado.

Como se indicó en su momento, las acusaciones resultan absurdas desde cualquier perspectiva, suponen una evidente judicialización del acoso político, mediático, diplomático y económico contra Venezuela y tienen como principal propósito brindar un paraguas jurídico a futuras acciones intervencionistas de Washington y sus estados satélites en la región.

Debido a que ni Estados Unidos ni alguna otra nación tienen derecho a presentar un plan para derrocar a un gobierno constituido, resulta inocultable que los recientes lances de la administración Trump son actos de agresión a la soberanía venezolana que deben ser rechazados en los términos más enérgicos. Por ello, cabe esperar que la comunidad internacional se niegue a acompañar a Washington en sus despropósitos y, al contrario, concentre sus esfuerzos en inducir a los gobernantes de la máxima potencia mundial a seguir el camino de la sensatez y el respeto a la legalidad.