La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efecto el convenio de extinción del Fideicomiso del río Sonora –presidido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la administración pasada–, al argumentar que no se cumplió la remediación ambiental ni la reparación del daño a las comunidades afectadas en agosto de 2014 por el derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos de la mina Buenavista del Cobre, perteneciente a Grupo México.

En la sentencia, se señala que dicho fideicomiso fue cerrado unilateralmente por esa empresa –cuyo dueño es Germán Larrea– y las autoridades ambientales sin consultar a la comunidad afectada y sin que se hayan cumplido sus objetivos, por lo que se vulneró el derecho de los afectados, según se señala en la sentencia: Viola el derecho de los demandantes a participar de manera informada en aquellos asuntos que pudieran afectar su derecho al medio ambiente sano.

El asunto fue resuelto el 15 de enero de 2020 y el engrose de la sentencia publicado explica los alcances, fundamentos y efectos completos de la decisión de la SCJN. El documento, elaborado por el ministro Javier Laynez, ordena que se organice una reunión pública de información en la que se explique a los promoventes del amparo las razones por las que se cerró el fideicomiso y que, con base en ellas, la autoridad federal emita una nueva determinación sobre si se cumplieron o no las medidas para corregir los daños ambientales.

La SCJN documentó que los administradores de ese fideicomiso –presidido por el ex funcionario de la Semarnat, Rodolfo Lazy– ejercieron únicamente 61 por ciento de los 2 mil millones de pesos de los que disponía, pero se gastaron cuatro veces más recursos en publicidad que en medidas de salud.

El caso, considerado en su momento como el peor desastre de la minería en México, llegó hasta la Suprema Corte en un amparo promovido por comuneros de la cuenca del río Sonora que combatieron jurídicamente la decisión unilateral de cerrar el fideicomiso en 2017.

Para la reparación de daños, remediar y compensar a los municipios afectados, se llegó al compromiso de Grupo México de aportar 2 mil millones de pesos y la empresa acordó con las autoridades ambientales que si el monto no era suficiente, se ampliaría.

Elba Nidia Aguirre, representante de los comités de cuenca río Sonora y firmante del amparo, pidió que se demuestren la remediación integral del cauce, así como el del medio ambiente. Aunque la sentencia no detalla tiempos ni formas para llevar adelante este proceso, Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de Grupo Poder (asesor de las comunidades), señaló que esperamos que se garantice la participación con plazos adecuados y apegada a los estándares más altos.