oy es ya claramente manifiesta la disyuntiva que representa la infección por el virus en la conducción política de muchas sociedades. El equilibrio es muy precario entre las exigencias sanitarias para contener el muy rápido avance del contagio y las necesidades de una extensa población con poca o ninguna capacidad de guardarse en casa.

La pandemia muestra la naturaleza misma de poder, así como la expresión particular del modo de hacer política (remito al artículo de D. Runciman, en The Guardian, 27/03/20).

Una de las cuestiones más relevantes en una democracia es cómo se ejerce el poder conferido a un gobierno por medio de las elecciones. La contraparte de esto, claro está, es cómo respondemos los ciudadanos.

En materia política siempre existe el hecho de que ciertas personas indican u ordenan a los demás qué es lo que tienen que hacer. Esta es la alternativa que existe entre la libertad personal y las opciones colectivas.

En el caso que nos ocupa ha habido llamados para cumplir primero con las indicaciones de distanciamiento social, hasta llegar ya al llamado enfático a la reclusión. Cuando esto no es suficiente se imponen medidas compulsivas aplicadas por las autoridades mediante la fuerza pública. Es este rasgo el que finalmente expone dónde se sitúa el límite que, al rebasarse, significa el quiebre del orden político.

Le damos a otros el poder extremo de decidir acerca de la vida o muerte de la gente, y eso se sustenta en que el costo se incurre con miras en la seguridad colectiva.

El caso es que en el campo en que se lucha contra el virus, los niveles de la responsabilidad se van delineando de diversas maneras. Desde las medidas aplicadas por el gobierno al más alto nivel, siguiendo las de índole subordinada y otras a escala local. No es fácil, en ese escenario, mantener la coherencia en la gestión de una crisis como ésta.

Así se llega incluso hasta las decisiones que ya están tomando los trabajadores sanitarios en algunos países respecto a quienes atender en los hospitales en la medida en que éstos se saturan.

Los ciudadanos no tenemos ningún control sobre todos estos ámbitos que se expresan en decisiones que afectan la salud y las condiciones económicas de la población. Es un caso extremo de opciones sociales y la situación se dificulta aún más en una sociedad en la que la legalidad está desgastada y existe una desigualdad social tan grande.

Al asunto eminentemente relacionado con la salud personal y colectiva se suma por necesidad la repercusión económica de la instrucción de quedarse en casa. Si se interrumpen el trabajo y el funcionamiento de las empresas, la parálisis se generaliza. La cuestión tiene un severo impacto en el corto plazo y se asocia con una recesión de la actividad productiva.

La recesión es ya un hecho en todas partes. Si se extienden las condiciones de paro en el tiempo, los escenarios podrán llevar a un periodo de depresión económica como no se ha visto desde hace más ocho décadas.

En Europa se habla de la hibernación de la economía, con lo que se da a entender que el periodo de práctica inactividad que ya prevalece debe, de alguna manera, salvaguardar la capacidad productiva existente para poder remprender el trabajo cuando la pandemia ceda, lo que es, por ahora, impredecible.

Tal hibernación es un proceso sumamente complicado, no sólo en términos físicos asociados con los trabajadores y las plantas productivas, sino con las posibilidades de remprender el financiamiento de la producción, del consumo y la inversión en un entorno de riesgo exacerbado del sistema financiero.

La cuestión es que, primordialmente, las personas tienen que sobrevivir, pero también las empresas, la estructura productiva; ahí se produce, se generan empleos e ingresos.

La política pública ha de enfocarse, pues, a apoyar a las familias que más lo necesitan, aplicar medidas que evitan los despidos masivos y las quiebras; luego habrá que recrear el crédito y reponer la liquidez en el mercado.

Decir todo esto podría ser obvio, pero será endiabladamente difícil conseguirlo sin un amplio pacto social que requiere de una enorme legitimidad de los gobiernos y de la política como instrumento para conseguir una renovada forma de la cohesión social. El complejo proceso de la reproducción social tendrá que ser forzosamente replanteado.