A la par de atender la prioridad en salud pública, sociedad y gobierno deben responder con un pacto de Estado que amortigüe los impactos económicos que ya están a la vista de todos. El Grupo Nuevo Curso de Desarrollo considera que para enfrentar tal escenario ominoso, es preciso proteger el empleo y el ingreso –sobre todo de los grupos más vulnerables–, salvaguardar la planta productiva, con énfasis en las Pymes, mantener la continuidad de los servicios estratégicos –sean públicos, concesionados o privados– y apoyar más proyectos de inversión pública, privada y mixta.

En un documento expuso que este no es un momento para la polarización y expuso que es preciso que se convoque a un auténtico pacto de Estado entre gobierno y sectores sociales, trabajadores, empresarios, los poderes Legislativo y Judicial, los estados de la República e incluso los municipios de las principales zonas metropolitanas para deliberar y concretar las medidas inmediatas para las nuevas circunstancias.

En el escrito subraya que las actuales circunstancias exigen un cambio de estrategia en la política económica, en particular en las finanzas públicas, pues se está en tiempos anormales que exigen políticas extraordinarias.

▲ Pausa en el bullicio del Centro Histórico capitalino.Foto Yazmín Ortega Cortés

Recuerda que muchos países han alterado sus previsiones y dispuesto programas de apoyo para amortiguar las pérdidas de empleo y el desplome del consumo, y por sobre todo para fortalecer las capacidades de sus sistemas sanitarios.

Calificó como un primer paso positivo anunciar que se utilizarán fondos hasta por 400 mil millones de pesos adicionales al presupuesto, sin reducir el gasto previsto, pero ante la magnitud de la situación consideró que tal vez esto no sea suficiente.

Nos parece urgente poner en marcha un programa más ambicioso de acción inmediata y disponer de apoyos sustancialmente mayores y adicionales a lo ya anunciado. Ello, porque se imponen cambios a las reglas del presupuesto equilibrado: reconsiderar los límites de endeudamiento público y aumentar el tope de requerimientos financieros del sector público por 2.6 por ciento del PIB previsto para 2020, para llevarlo hasta el límite que demanden las necesidades de intervención urgente impuesta por las nuevas circunstancias.