n medio de la presión interna y externa para que tomara decisiones fuertes y rápidas en materia de aislamiento social, el presidente de la República optó por un camino de dosificación de la angustia colectiva y de retardamiento de la confrontación de la difícil realidad médica del país con la inevitable irrupción progresiva de casos graves o críticos.

Hasta ahora, a pesar de los cuadros altamente preocupantes que se viven en otros países, México se mantiene en una posición relativamente menos afligida, aunque ya con una suspensión de actividades públicas y privadas que está impactando con fuerza los índices económicos en su nivel superestructural y, sobre todo, en el muy amplio entorno de las actividades informales y de los grupos socioeconómicos más vulnerables.

La postura de la presidencia de México, endosada declarativamente a la Secretaría de Salud y al subsecretario vocero, Hugo López-Gatell, ha generado desasosiego en ciertos ámbitos y ha dado pie al desarrollo de una clara campaña de crítica que apuesta al fracaso de las políticas planteadas desde Palacio Nacional en este tema del coronavirus, en una operación calculada en función de que el número de contagios y muertes sea notablemente mayor a lo que el ritmo y la visión del gobierno federal ha impuesto.

En particular, se acusa a la administración andresina de ocultar el problema real, mediante una especie de registro alterno en el que casos de coronavirus estarían siendo anotados de otra manera. Y, desde luego, el señalamiento de que el gobierno federal estaría llegando demasiado tarde a la toma de ciertas decisiones restrictivas que ni siquiera corresponden al paquete asumido en otras latitudes, particularmente por cuanto al cierre de aeropuertos a vuelos provenientes del extranjero y a la limitación de la movili-dad social.

En el fondo del disenso mexicano está un enfoque político e ideológico que tiene consecuencias políticas y electorales. El enorme caudal de votos recibidos por Andrés Manuel López Obrador en 2018 y el incesante activismo de éste para mantener vigentes y en alerta a sus bases de apoyo no resultan suficientes para sostener un poder presidencial que a pesar de su resplandor escénico y sus amplias facultades legales y extralegales depende del equilibrio y el asentimiento que le brinden los aparentemente inextinguibles factores de élite que siguen condicionando la política y la economía.

La más importante oportunidad de erosionar en términos hasta derogatorios al poder obradorista ha llegado a esas élites en el marco de un largo forcejeo, sobre todo con la rama empresarial, muy ofendida y con gran vocación revanchista por casos como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (cancelado), los proyectos estratégicos del sur mexicano (el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, sobre todo) y la negativa del político tabasqueño a repetir modelos de salvamento a los grandes capitales como sucedió con el Fobaproa y con fórmulas fiscales de descuentos, exenciones, perdones y estímulos.

López Obrador, por ello y con la vista puesta en las elecciones intermedias de 2021, y en el experimento de consulta para revocar o no el mandato presidencial, ha mantenido y mantiene un enfoque del problema del coronavirus que busca no lesionar a los segmentos populares. El aislacionismo, como tal, se abstrae de las condiciones socioeconómicas dispares de un país y, en el caso de México, empuja a los sectores populares a agravar sus de por sí críticas condiciones cotidianas de supervivencia. En ese terreno minado y muy partidizado se procesan las decisiones de un Poder Ejecutivo puesto en la mira política por sus adversarios, ya un tanto desesperados, y la necesidad técnica y médica de cumplir con las medidas de contención y previsión que las circunstancias exigen.

Y, mientras las fuerzas federales de Argentina han detenido a 6 mil 100 personas por no cumplir con la cuarentena obligatoria, se han incautado casi mil vehículos y se ha hecho volver a casa a unas 200 mil personas, (https://bit.ly/2ydAmTl), ¡hasta el próximo lunes!

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