Caracas. Quince millones de dólares es el precio ofrecido por la justicia estadunidense para quien brinde información que puedan llevar a la detención y arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Diez millones son ofrecidos en el caso de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y otros dirigentes actuales, como Tareck El Aissami, y ex funcionarios.

Han quedado así procesados por el Departamento de Justicia estadunidense, un anuncio que fue hecho por el fiscal general, William Barr, junto con fiscales federales de tribunales de, entre otros, Nueva York y Florida. Tengo un mensaje para los altos cargos del chavismo: la fiesta se les está acabando, dijo, por ejemplo, Ariana Fajardo, fiscal para el sur de Florida.

Dentro de los acusados se encuentran también Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, y Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

La acusación es por narcoterrorismo. Barr señaló que el gobierno venezolano busca inundar a Estados Unidos con cocaína, y que ha enviado entre 200 y 250 toneladas, lo que equivale, explicó, a 30 millones de dosis. Esa operación de inundación estaría coordinada, según explicó, con el sector de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que retomaron las armas.

La acusación, sin embargo, no se sostiene según datos internos de Estados Unidos, donde aparece que alrededor de 90 por ciento de la cocaína con destino a Estados Unidos se trafica por las rutas del Caribe occidental y el Pacífico oriental, y no a través de los mares del Caribe oriental de Venezuela.

La razón esgrimida para ponerle precio a la cabeza del presidente venezolano y a Cabello, con un rol de liderazgo central dentro del chavismo, cumple el rol de argumento formal para justificar una declaración de nuevo punto de no retorno en el ataque contra el gobierno venezolano.

El nuevo paso dado por Estados Unidos sucede en simultáneo con la acusación del gobierno venezolano del intento de activación de un nuevo plan golpista. El presidente denunció que el 23 de marzo había sido incautado un cargamento de armas en Santa Marta, Colombia que iba con destino a Venezuela.

Esa denuncia tuvo un giro inesperado pocas horas después del anuncio del Departamento de Justicia estadunidense: Cliver Alcalá, un mayor general prófugo en Colombia señalado varias veces por su participación en tramas golpistas, reconoció públicamente estar detrás de las armas incautadas que iban a ser para hacer una unidad militar que se conformó con la idea de libertar al país y eliminar quirúrgicamente los objetivos.

Las declaraciones de Alcalá revelaron no solamente su participación protagónica, sino la de Juan Guaidó que, según explicó Alcalá, firmó un contrato en Colombia con asesores estadunidenses para la compra de las armas. El prófugo afirmó que el gobierno colombiano estaba al tanto de la operación.

La particularidad de la declaración de Alcalá es que se trata de una de las personas a las cuales el gobierno estadunidense puso precio a su cabeza junto con la de Maduro y Cabello. Es decir, que luego de la denuncia del Departamento de Justicia en su contra, decidió revelar la existencia del plan y de varios de sus actores.

Al respecto, Jorge Rodríguez, ministro de comunicación, explicó que Alcalá habría sido incluido en la lista por no haber logrado acelerar los objetivos de las operaciones militares. En cuanto a su confesión, se debió, explicó Rodríguez, al temor de ser asesinado, como el mismo Alcalá denunció: estoy en mi casa, no estoy huyendo, me informaron de la posibilidad de un falso positivo, es decir un asesinato.

Esta serie de acontecimientos pusieron entonces sobre la mesa tres puntos. En primer lugar, que Estados Unidos profundizó la apuesta en el intento de derrocamiento contra Maduro a través de acciones de fuerza. En segundo lugar, que esas operaciones están en marcha, tienen a Colombia como territorio principal de preparación y asesores estadunidenses en el mando. Y, por último, que una de esas operaciones centrales logró ser frenada.

Esa política estadunidense sucede a contracorriente de las voces internacionales que piden que, ante el escenario de pandemia, exista una descompresión contra Venezuela. Así, por ejemplo, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, afirmó: en este momento decisivo, las sanciones sectoriales deberían atenuarse o suspenderse.

En ese sentido, Josef Borrell, canciller de la Unión Europea, sostuvo: “Hemos acordado apoyar la solicitud de Irán y también de Venezuela al FMI para tener apoyo financiero (…) se encuentran en una situación muy difícil especialmente debido a las sanciones estadunidenses que les impiden obtener ingresos por la venta de petróleo”.

Sin embargo, en un cálculo de crisis de coronavirus, disputas geopolíticas y campaña electoral, la política encabezada por Donald Trump no solamente no descomprime el bloqueo, sino que acelera y pone precio público a la cabeza de la dirección del gobierno venezolano.