La empresa Constellation Brands, que deberá detener la construcción de su planta cervecera en Mexicali tras una consulta realizada el pasado fin de semana, aseguró que está lista para tener un diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete para decidir el futuro de dichas instalaciones. Mientras, el sector privado aseguró que no se ha levantado de la mesa.

Después de que los pobladores de la capital de Baja California decidieron que no siga la edificación de la fábrica, la compañía indicó que ya han escuchado tanto los mensajes del mandatario mexicano sobre la reubicación como la postura de la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez.

En un comunicado, señaló que está dispuesta a trabajar en un plan de acción, el cual considere los retos actuales y futuros que enfrenta México en materia económica y social.

Si bien no indicó que vaya a reubicar el complejo –que tiene 70 por ciento de avance–, reiteró que su planta en Mexicali ha cumplido con todos los requisitos conforme a la ley, e incluso subrayó sus acciones respecto al agua disponible en la zona. Dijo que mantiene una relación positiva con México por 30 años y confió en que se mantenga sin cambios.

IP, molesta

Enoch Castellanos Férez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), dijo que el sector privado no se ha levantado de la mesa, aunque sí hay molestia tras la decisión de cancelar la planta, situación que pone en duda la llegada de más capitales al país.

Consideró que la inversión de mil 400 millones de dólares se ve amenazada por el egoísmo y los cálculos electoreros de unos pocos que se oponen al beneficio de la mayoría.

Tras este hecho consideró que es probable que no se vayan capitales de México, pero consideró que muchos inversionistas pensarán antes de venir.

Defendió que Constellation Brands se ha apegado a la legalidad y que incluso sólo iba a disponer de 0.2 por ciento del agua de esa ciudad, por lo que no se pone en riesgo el abasto para los habitantes.

Destacó que la libertad de empresa no se puede someter a consulta, como tampoco el estado de derecho, por lo que el sector industrial pidió al gobierno certeza jurídica, pues cancelar la inversión privada atenta contra las empresas ya establecidas.

Señaló que sin el contexto de la contingencia por el Covid-19, se estima que el impacto a la economía sería de un punto porcentual del producto interno bruto (PIB), y que es probable que la compañía tenga una estrategia legal e incluso recurra al marco establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que aún sigue vigente, específicamente para defender las inversiones extranjeras que se hacen en el país.