e 2005 a 2018, las autoridades gastaron 3.5 billones de pesos en seguridad y justicia. En ese mismo lapso, el número de delitos creció 135.7 por ciento, pasando de 14 millones a 33 millones de casos anuales, de los cuales, 99 de cada 100 quedaron impunes. ¡Nunca se ha gastado tanto; nunca nos ha ido peor!

La razón de esta tragedia estriba en que el sistema político y la mayoría de sus dirigentes han tenido como prioridad fundamental: gastar a manos llenas porque en ese derroche está el botín que los une y que los fortifica, a costa de una población indefensa y manipulada que sólo ha sido el pretexto para lograr ese saqueo aniquilante y criminal.

Todo ello se comprueba con el crecimiento desmesurado de organismos que en nada han resuelto los problemas que deberían haber atacado; como ocurrió en el caso de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de la extinta Procuraduría General de la República, que tuvo que ser desmantelada por su corrupción.

Lo mismo pasó con la Policía Federal, que también acaba de ser disuelta. Igual sucedió con el personal que contrataron masivamente y que ha fracasado notoriamente.

En cuanto a los exámenes de control de confianza, estos resultaron otro fiasco; mientras que los subsidios a estados y municipios se utilizaron principalmente para enriquecer a sus gobernantes y para fomentar la delincuencia electoral; y, si alguien lo duda que revise lo que se derrochó y lo que se robaron en Veracruz y en Chihuahua, con los dos Duarte.

De poco o nada sirvieron 15 mil 500 millones de pesos que se gastaron en capacitar a policías, agentes del Ministerio Público y peritos, cuyos resultados cada día han sido peores; en tanto, se encubría ese fracaso con una constante publicidad sobre las actividades de academias y sistemas de capacitación y profesionalización, que generaron grandes negocios particulares, de cómplices y amiguitos.

Con los controles y la fiscalización oficial, lo único que se pudo obtener fue el crecimiento burocrático de un Sistema de Seguridad obeso e inútil, ya que nunca se confrontaron las inversiones con los resultados tan negativos; ni hubo sanción efectiva para todos esos evidentes fracasos.

Mientras se realizaban más de un millón de exámenes de confianza, los bandidos, los abusadores y los negligentes permanecieron y se multiplicaron sin freno, en el interior de las corporaciones de seguridad y procuración de justicia; asimismo, se derrocharon miles de millones de pesos en un sistema de inteligencia denominado Plataforma México, cuyas instalaciones faraónicas superan cualquier fantasía, pero que no ha servido, en modo alguno, para contener la oleada delictiva que nos ahoga.

▲ El gasto en seguridad y justicia realizado entre 2005 a 2018 no se ha contrastado con los resultados de las corporaciones. En la foto, elementos de la Academia Superior de Seguridad Pública, en San Luis Potosí, presentan armas durante el lanzamiento del denominado programa del Nuevo Modelo Institucional de Policía, el 15 de octubre de 2007.Foto María Melándrez Parada

Se compraron a precios exorbitantes, mediante sospechosas o ilegales adjudicaciones directas, cámaras, drones, equipos aéreos, patrullas, vehículos denominados rinocerontes blindados y todo tipo de equipamiento sofisticado para espionaje que sirvió para organizar montajes sensacionalistas y grotescos, así como para espiarse entre poderosos, exhibiendo mediáticamente sus luchas intestinas por el botín político.

Durante esos años, las instituciones de seguridad y procuración de justicia exaltaron supuestos logros, éxitos increíbles, verdades históricas falseadas, detenciones que inmediatamente se convertían en libertades; a todo lo cual se le calificó con la más amplia gama posible de adjetivos rimbombantes para que, finalmente, la delincuencia siguiera prosperando y fortaleciéndose en territorios enteros del país.

Al Ogro filantrópico, de Octavio Paz, todos esos pícaros lograron convertirlo en el mastodonte cleptómano y criminal más desmesurado que cualquier imaginación hubiera podido concebir.

Frente a esta realidad innegable, los asesores y especialistas que trabajaban o cobraban en las nóminas y contratos del monstruo burocrático, permanecieron callados frente al desastre en el que participaron o propiciaron; y, apenas fueron expulsados de ese paraíso, buscaron nuevos patrocinadores y se lanzaron a linchar, descalificar y perseguir a cualquiera que se atreviera a proponer algún cambio, o a cuestionar sus fracasos.

Mientras el mosaico de cárteles delictivos que balcaniza la vida colectiva de este país, se siguió multiplicando y fortaleciendo, en un ámbito en el que cada fenómeno criminal ya tiene sus dueños; cada tema, sus detentadores; cada presupuesto, sus propietarios así como beneficiarios.

Es así como se ha venido construyendo la gran estructura de complicidad y encubrimiento de esta desgracia social que el país tiene que soportar día con día.

La magnitud de este fracaso y sus daños abrumadores, nos están obligando a un cambio legal y administrativo que realmente produzca resultados tangibles y control a la deshonestidad; razón por la cual hay que continuar con esta lucha, hasta donde se tenga que llegar.