Buenos Aires. Tras declarar una cuarentena obligatoria para impedir la expansión del coronavirus y tomar medidas drásticas, tratando de proteger a los sectores más vulnerables del país, el presidente Alberto Fernández se comunicó ayer con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para agradecer su apoyo público a las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar esta situación y por aconsejar que los acreedores deben aceptar una reducción en el pago de intereses de la deuda externa por entre 55 mil y 85 mil millones de dólares durante la próxima década.

Además, reconoció que la deuda externa argentina es insostenible y el equipo técnico que trabajó estos días en el país señaló la necesidad de una reducción en la próxima década. En el comunicado que resultó de la reunión se aclaró que Argentina no puede pagar ni siquiera los intereses a los bonistas.

Georgieva, además de reconocer la buena conversación con el mandatario sobre la “grave situación para el mundo y para Argentina causada por el coronavirus, destacó la importancia de fortalecer la economía del país, devolver la deuda a un camino sostenible y centrarse en políticas que promuevan el crecimiento, restablezcan la estabilidad y protejan a las personas más vulnerables. Esperamos profundizar nuestro compromiso, sostuvo en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Argentina es en este momento el principal deudor de ese organismo con un pasivo de 44 mil millones de dólares y de hecho en las negociaciones de febrero pasado, el FMI reconoció que la deuda era insostenible. El presidente Fernández, dijo que hubo coincidencia en las afirmaciones de que Argentina no tiene capacidad de pago en moneda extranjera por cuatro años.

La directora gerente del FMI reconoció en un comunicado que cuidar a las personas más vulnerables en Argentina y abordar la difícil situación económica del país están entre las prioridades más altas del presidente Alberto Fernández desde que asumió su cargo.

La postura del Fondo coincidió con lo expresado por el gobierno que argumentó en febrero pasado que no hay espacio para un mayor ajuste fiscal y que el país no puede generar suficientes dólares como para pagar la deuda si no la reduce a niveles sostenibles en los próximos años.

El gobierno anterior, de Mauricio Macri, además de endeudar al país a un nivel histórico en 2019, solicitó una ayuda de 54 mil millones de dólares al FMI que fueron adjudicados sin mayores trámites por la entonces titular Christine Lagarde, a sabiendas de que no se podían pagar, después de los ajustes y la destrucción de servicios públicos y un verdadero huracán que dejó al país al borde del default (cesación de pagos).

Asimismo, se comprometió a que el equipo técnico seguirá cooperando con el gobierno y especialmente con el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien ayer dio a conocer el plan del gobierno con las proyecciones que se presentarán a los tenedores de bonos, que tendrán que decidir.

Después de advertir que Argentina no puede sostener la carga de la deuda que hoy enfrenta, Guzmán destacó que es fundamental un alivio y se refirió al proyecto de ley para la restauración de la sustentabilidad de la deuda pública. En una teleconferencia explicó a los acreedores del exterior que el ajuste ejecutado por Macri redujo el gasto, pero generó una crisis de demanda y una caída de salarios y recursos del Estado y que no existe margen para seguir por este camino, invitándolos a un diálogo constructivo, remarcando que la deuda no es sustentable.

Consideró que las estimaciones económicas para este año y los próximos podrían variar ante el impacto de la pandemia en el país y el mundo.

A grandes rasgos, el titular de la cartera económica prevé que en 2021 el país tendrá un crecimiento económico de entre 2.5 y 3 por ciento, dependiendo del escenario global que ahora es poco estable por la crisis sanitaria. Además, logrará un equilibrio fiscal primario en 2022 y un superávit comercial de 3.8 puntos del PBI este año y de 2.8 por ciento para el próximo.

Calculó que con la reforma fiscal que Cambiemos impulsó en 2017 se perdieron recursos respecto al PIB indicando que el costo de refinanciamiento de la deuda debe estar en líneas con los objetivos de los superávits primarios y con la trayectoria del crecimiento en el mediano y largo plazo . Es en función de esto último que en las actuales condiciones la deuda no es financiable.

Se comprometió a que el país intensificará las negociaciones con tenedores de bonos sobre la base de la transparencia, la buena fe y el tratamiento justo para los acreedores.