n febrero de 2020 el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) anticipó estar dispuesto a ampliar la aportación patronal a la cuenta individual de sus trabajadores en Afore durante un periodo de ocho años. Hoy, con base tripartita (Estado, 0.225; trabajadores, 1.125, y patrones, 5.15), la aportación obligatoria suma 6.5 por ciento del salario base de cotización (SBC). El CCE –que presume contar con el consenso de todos sus agremiados– ofrece elevarla hasta 13.65 por ciento, iniciando el primer año con 1.5 por ciento puntos porcentuales y, posteriormente, un punto anual durante siete años. El incremento sería puramente patronal y sumado a las aportaciones del Estado y trabajadores llegaría a 15 por ciento del SBC.

La ruta señalada por la cúpula empresarial contempla presentar la propuesta al presidente López Obrador luego de que el presidente del CCE, Carlos Salazar, la revise con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. Ella incorpora también fomentar las aportaciones voluntarias de los trabajadores a su Afore (vía descuentos directos al salario pactados entre trabajadores y patrones); que los empleados independientes dispongan de ahorro para el retiro; reducir de mil 250 a 750 las semanas de cotización; elevar la pensión mínima garantizada de uno a 1.5 salarios mínimos para aquellos que alcancen las semanas de cotización, pero no cuenten con suficiente ahorro en su Afore y, frente a cualquier subida salarial, destinar un punto porcentual al ahorro para el retiro. En cuanto a la equidad de género se considera tomar en cuenta para el ahorro las semanas en las que las trabajadoras se ausenten por motivo de maternidad ( Reforma, 14/2/20).

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Gustavo de Hoyos) declara que una vida de trabajo y esfuerzo no merece ser concluida con una pensión insuficiente, mientras 57 por ciento labora en la economía informal. La novedad para reformar el sistema es colocar al trabajador en el centro. ¿Cómo? En primer lugar, con una reforma para todos. En segundo, garantizar un retiro digno con aportaciones de todos: trabajador, patrón y gobierno; duplicar la aportación obligatoria. En tercero, contar con recursos suficientes para un nuevo modelo. Y, en cuarto, homogeneizar los sistemas. Hay, además, que flexibilizar el número las semanas trabajadas reduciéndolas de las mil 250 actuales en 40 por ciento e impulsar fuertemente el ahorro voluntario (deducible de impuestos). Para los trabajadores informales se deben establecer esquemas de aportaciones obligatorias (plan personal de retiro). Para De Hoyos, se trata de ganar bienestar sin elevar el costo fiscal. ¿Cómo sería eso posible? ( El Financiero, 4/2/20).

Ya la Amafore (Bernardo González) se había pronunciado por una posible reforma al sistema de pensiones en la que los trabajadores puedan acceder a la pensión mínima garantizada con menos semanas de cotización. Es decir, que desde 750 semanas –que son aproximadamente 12 años– ya puedas tener acceso a la pensión mínima garantizada, no a 100 por ciento, pero sí quizás a 80 por ciento. Se puede permitir a los trabajadores retirarse con una pensión mínima garantizada y darles la posibilidad· de comprar semanas de cotización con ahorro voluntario. Ello mediante el mecanismo conocido como Modalidad 40, con el cual se puede dejar de trabajar antes de cumplir 65 años sin haber cotizado las mil 250 y comprar con ahorro voluntario las semanas de cotización que falten ( Reforma, 21/1/20).

Es claro que estas propuestas patronales no tocan –esencialmente– el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Tampoco resuelven su fracaso como capitalización individual. Hasta ahora, no modifican su matríz de fondo: la preservan. Hacen más de lo mismo esperando resultados diferentes. Y hacen también oídos sordos frente a la reiterada observación de que el desafío pensionario no se resuelve dentro de los límites del sistema de capitalización individual. En suma: no mueven un milímetro la aguja de las pensiones.

Es claro que el presidente López Obrador no puede dejar una decisión de tal calado en las exclusivas manos patronales –como ocurrió durante el periodo neoliberal– ni, como señalara en la mañanera del 24 de febrero de 2020: contamos con el apoyo del sector privado. Es más: la propuesta viene de ellos.

Hay que agregar que en su administración opera el Eje del mal pensionario gubernamental: compuesto por el Secretario Arturo Herrera-Carlos Noriega Curtis (SHCP-4T), Abraham Vela Dib (Consar), Zoé Robledo (IMSS) y Dolores Padierna (Morena), para quienes el sistema de ahorro en cuentas individuales es lo que conviene al país, así como fortalecer el ahorro voluntario.

Por el bien de todos, la iniciativa sólo puede ser una presidencial. Es decir, para todos. Sólo puede provenir de Andrés Manuel López Obrador como titular del Poder Ejecutivo para que, efectivamente, no sea sólo en beneficio de algunos. Colocar al trabajador en el centro no resulta tan sencillo. Esa es la responsabilidad del Presidente como cabeza del país.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco