Del éxodo guatemalteco a la tragedia neocolonial

La guerra civil que se vivió en Guatemala entre 1960 y 1996 obligó a miles de personas de los pueblos mam y q’anjob’al a huir y refugiarse en México para sobrevivir al conflicto bélico. Forzó al desplazamiento a comunidades mayas que dejaron atrás sus tierras, sus muertos y todo su patrimonio buscando salvar lo que quedaba de su existencia.

Hace 35 años en lo que hoy es el municipio de Bacalar en el sur del estado de Quintana Roo se fundaron las comunidades de Caanlumil, Kuchumatán y Maya Balam, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), en el marco del Programa de refugio guatemalteco en México que recibió, según datos oficiales, a más de 45 mil personas a principio de los años ochenta, en los estados de Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

A más de tres décadas del éxodo, la comunidad de Maya Balam revive una situación de desplazamiento forzado. Más de 200 habitantes fueron obligados a dejar la comunidad a inicios de este año y a refugiarse en la ciudad de Chetumal, capital del estado, en medio de un conflicto entre grupos de poder que disputan el control territorial en una región con potencial para la acumulación de riquezas mediante esquemas tanto legales como ilegales. Al crecimiento de la agroindustria y del narcotráfico, del que han sido víctimas las tierras comunitarias, se suman ahora nuevas amenazas como los parques de energías renovables y los desarrollos turísticos e inmobiliarios, ambos apuntalados desde megaproyectos como el llamado Tren Maya. Así, los intereses del crimen organizado y el poder político ofician nuevos despojos promoviendo tragedias en las que vecinos, compadres y hermanos son divididos: a unos los vuelven buenos y a otros, malos; y ahora se alistan para emprender una guerra que no es la suya, una victoria que perpetrará su olvido.

Bacalar se puso en la mirada del mundo cuando el diario estadounidense The New York Times aseguró que será el próximo gran destino turístico de México en un artículo escrito por Lauren Sloss a finales de 2019, en el contexto de la implementación del Proyecto de reordenamiento territorial, infraestructura, crecimiento económico y turismo sostenible del gobierno de México llamado Tren Maya, que de acuerdo con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo de México, “conectará las principales ciudades y circuitos turísticos de la región para integrar territorios de gran riqueza natural y cultural al desarrollo turístico, ambiental y social de la región”, cuyas estaciones y desarrollo urbanos se distribuirían a lo largo de los 1460 kilómetros de vía que se pretenden construir en cuatro años e iniciar sus operaciones en 2024, siendo Bacalar un lugar estratégico para el proyecto, que por su magnitud tendría un impacto trascendental para las comunidades asentadas en uno de los municipios más jóvenes de Quintana Roo, entre ellas las comunidades de ex refugiados guatemaltecos.

Se intensifica el conflicto y escala la violencia

El pasado 6 de enero, tras la intensificación de los conflictos en Maya Balam que pasó de amenazas y agresiones a privación ilegal de la libertad, tortura, robos, daños a propiedad privada y otras violaciones a los derechos humanos, un grupo de más de 200 personas entre jóvenes, niños y adultos mayores salieron de la comunidad ante amenazas de muerte y linchamiento, para refugiarse en la ciudad de Chetumal, en donde se alojaron en albergues municipales y estatales, ante la negativa del ayuntamiento de Bacalar de brindarles ayuda; entre los desplazados están los integrantes de la cooperativa Transporte Unido Maya Balam S.C. de R.L., cuyo presidente fue lesionado de gravedad por un grupo de personas encabezadas, según las propias víctimas, por el entonces subdelegado municipal.

Inmediatamente se presentaron las denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo por delitos a los que se sumaron abuso sexual y extorsión, ejecutándose, el pasado 19 de febrero, dos órdenes de aprensión por este último delito, en contra de representantes espurios implementadores del conflicto.

Mientras que en un principio se habló de una pugna de concesiones de transporte de servicio público, hoy se pueden sumar al análisis otros elementos que subyacen al conflicto como la lucha por el control territorial y los intereses de las actividades ilícitas como el narcotráfico, ya que esta región se ha convertido en una zona de aterrizajes ilegales de aeronaves con cargamentos de droga que utilizan los caminos sacacosechas y las carreteras estatales para tal fin. En diciembre de 2019 una narcoavioneta aterrizó en las cercanías de Maya Balam y posteriormente fue incendiada. En enero de este año, otra avioneta cargada con 600 kilogramos de cocaína aterrizó en plena carretera federal en otra comunidad del municipio de Bacalar, nuevo destino para el trasiego de la cocaína.

Los desplazados exigen garantías para volver a casa

Recientemente se presentó ante la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo una queja específica sobre la situación de desplazamiento forzado de los habitantes de Maya Balam, que se suma a la carpeta de investigación abierta de oficio por la misma comisión. El acta asienta la gravedad de los hechos que forzaron el desplazamiento y la urgencia de que las autoridades competentes garanticen la seguridad de las víctimas y de sus familias que aún se encuentran en la comunidad y que continúan siendo violentadas en sus derechos. Denuncian que la detención de las dos personas por parte de la Fiscalía General del Estado ha desatado una nueva ola de amenazas, hostigamiento y agresiones hacia los pobladores de Maya Balam y exigen que su seguridad sea protegida.

Se resquebraja la autonomía comunitaria

La organización comunal en Maya Balam ha sido desde su fundación una estructura de participación directa de los pobladores, nombrando a sus propias autoridades y cuyo elemento más importante para la toma de decisiones es la asamblea. Incluso el cargo de subdelegado de la comunidad adscrito a la estructura política municipal había sometido todas sus funciones y decisiones a la asamblea comunitaria. Se trata de un ejercicio de autonomía que fortaleció el tejido social incluyendo su sistema de producción agrícola, comercialización, seguridad y organización general.

Esta expresión de libre determinación está en grave riesgo. Los intereses partidistas que no son nuevos y los conflictos sociales impulsados por actores políticos y agrupaciones como Antorcha Campesina han fragmentado esta organización y confrontan hoy a las familias. No se trata de una amenaza menor, tomando en cuenta el contexto de auge en el sector turístico, la especulación de las tierras e inmobiliaria, los intereses del crimen organizado y los cambios de poder político que se avecinan en los municipios y la gubernatura de Quintana Roo. Se trata del despojo de la organización comunal autónoma de un pueblo indígena, cuyo derecho a la libre determinación está reconocida en la Constitución, en los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración Americana y en la Declaración de Naciones Unidades sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Las personas desplazadas exigen hoy un trabajo eficiente de la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, la atención de la Comisión de los Derechos Humanos y la vigilancia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo para detener la violación a sus derechos humanos y garantizar el pronto regreso de las familias a Maya Balam. •